Algunos tantos a nuestro favor

Mientras un prejuiciado Luis Almagro estudia el informe de la comisión de la OEA que observó in situ la crisis migratoria entre República Dominicana y Haití, interlocutores espontáneos dan testimonios que ayudan a demoler la pila de infamias del Gobierno haitiano contra el proceso de regularización. Y entre los primeros en expresarse está nada menos que un compatriota de Almagro, el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, quien descalifica juicios del jefe de la OEA sobre la división territorial de la Hispaniola y apoya la iniciativa soberana del Estado dominicano.

Casi al unísono y tras una visita a comunidades haitianas, la embajadora de Estados Unidos en Haití, Pamela Ann White, descartó la existencia de la crisis humanitaria que alega la administración Martelly. Más adelante, es el sacrificado embajador haitiano Daniel Supplice quien ataca la infamia, agradeciendo a los dominicanos el buen trato dado a él y a sus conciudadanos.

Para rematar, más de una decena de pastores haitianos de congregaciones religiosas diversas desmienten que se hayan producido deportaciones masivas y maltratos contra los haitianos en República Dominicana, y respaldan el proceso de regularización. Son puntos a favor de este país que ojalá sean tomados en cuenta en la especie de juicio a que somete la OEA el legítimo ejercicio de soberanía del Estado dominicano.

Más presencia policial en calles

La ofensiva actual de los delincuentes sugiere la idea de que son insuficientes los medios de prevención y disuasión. Si la vigilancia policial es débil y aumenta, como ahora, la frecuencia de robos, asaltos y homicidios, se justifica la percepción de la gente, de que los delincuentes son los dueños de la calle, y envalentona a los antisociales, que se sienten a sus anchas. Ya hemos visto cómo a plena luz del día se producen asaltos a negocios y ciudadanos, y también homicidios.

Desde esa perspectiva, es un alivio el anuncio de la jefatura de la Policía, de que 3,500 policías serán incorporados al patrullaje en el Distrito Nacional, sobre todo en zonas de gran actividad comercial. Esto puede mejorar la percepción de protección, siempre que los agentes actúen como manda la ley y sean objeto de celosa supervisión.