El senador republicano Lindsey Graham, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021), tendrá que declarar ante la Justicia sobre esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, después de que el Tribunal Supremo rechazara este martes bloquear su citación.

La decisión del Supremo no incluye opiniones de disenso de ninguno de los nueve jueces que integran la corte, de mayoría conservadora.

En concreto, la máxima instancia judicial de EE.UU. ha rechazado bloquear una citación judicial para que Graham testificara ante un gran jurado de Atlanta (Georgia) sobre los esfuerzos para anular los comicios presidenciales de 2020 en ese estado, donde Trump perdió ante el demócrata Joe Biden.

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 Graham, que representa el estado de Carolina del Norte, había presentado una petición de emergencia para solicitar al Supremo que bloqueara su testimonio, programado para el próximo 17 de noviembre.

Previo a la decisión de hoy, uno de los jueces de la Corte Suprema, el conservador Clarence Thomas, había emitido una orden temporal administrativa el pasado 24 de octubre bloqueando la citación judicial a Graham, hasta que el tribunal emitiera su dictamen.

El senador tendrá ahora que comparecer para ofrecer su testimonio, aunque gracias a una orden de un tribunal de menor instancia puede objetar alguna de las cuestiones que les pueda plantear el gran jurado.

Desde el año pasado, Graham mantiene una batalla en los juzgados para no tener que declarar ante el gran jurado en una investigación sobre presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales en Georgia.

El caso se enmarca dentro de las investigaciones en Georgia sobre si Trump y otras personas, incluido Graham, presionaron a los representantes políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

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En Georgia y otros estados de EE.UU., los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto.

Al terminar su cometido, ese tipo de jurados, compuestos por entre 16 y 23 personas, emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan algunas medidas, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado.