La creación de empleos de calidad para permitir que personal calificado obtenga remuneraciones dignas debe figurar en lugar prioritario de la agenda nacional y uno de las mejores medios de impulsar esa iniciativa es a través de alianzas público-privadas que estimulen la economía y el desarrollo.

Con sensibilidad social, una verdadera visión de Estado y compromiso conjunto en provecho del bien común son muchos los logros que esta concertación puede lograr con impacto no solo a nivel salarial, sino también en las políticas de desarrollo humano que los gobiernos tienen la obligación de promover.
La idea es desterrar el particularismo que impide aunar esfuerzos en planes de interés general, mientras se corrigen visiones angostas y posturas excluyentes para poder entonces avanzar de verdad sin dispersión de fuerzas y recursos.

Otro de los objetivos fundamentales es fomentar procesos verdaderamente inclusivos que tiendan a la aplicación de métodos innovadores que a su vez permitan al país tener una mejor participación en mercados altamente competitivos.

En Chile y otras naciones de América Latina esta alianza ha dado muy buenos resultados y resulta alentador que la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP) favorezca su aplicación con el sector privado para ejecutar políticas públicas que impulsen actividades productivas, la economía de servicios, proyectos de inversión y una mejor distribución del ingreso.

Esta es una de expresiones de respaldo que han surgido desde diferentes ámbitos, luego de que el presidente Danilo Medina aprovechara el año pasado su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio para invitar a dinamizar el desarrollo del país con este tipo de concertaciones.

La factibilidad y concreción para un decidido respaldo en este sentido quedó claramente expuesta cuando Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de ADAFP, dijo que los fondos de pensiones podrían ser utilizados para financiar proyectos de gran impacto económico y social, siempre con la garantía del capital invertido y los retornos que protejan adecuadamente al inversionista.

Al identificarse plenamente con esta visión de desarrollo, pero siempre observando las garantías necesarias y sustentada en la seguridad jurídica, no se limitó a un simple esbozo general, ya que invitó a definir proyectos en áreas vitales y de gran potencial como energía, infraestructura vial y transporte, industria y servicios.

La experiencia chilena en este campo ha demostrado que promoviendo alianzas público-privadas se puede acceder a recursos financieros adicionales, compartiendo riesgos y haciendo frente a otras dificultades para apoyar un desarrollo incluyente y sostenible que disminuya la desigualdad social.
Datos sobre gestión y éxitos recopilados en 15 países América Latina, África y Asia han permitido extraer lecciones que pudieran ser aprovechadas para orientar sobre la forma más eficaz de colaborar con el sector privado, por ejemplo en el desarrollo de agronegocios y en otros nichos.

Desde la óptica privada y no solo sujeto a simples teorías, los procesos vividos en Chile han permitido establecer que para el afianzamiento y obtención de buenos resultados en las alianzas es necesario aplicar claras reglas de juego y cumplirlas de manera estricta, a fin de evitar que la colaboración con el sector público se exponga a un fiasco.

En vista de que aquí se percibe un estímulo y enfoque favorable al respecto, sería beneficioso que fuera de disquisiciones retóricas se experimentara en áreas concretas como las que propone ADAFP, aprovechando las experiencias de otras naciones, pero no mediante parches o injertos, sino tomando en cuenta nuestras características y especificidades como país.