El Banco Mundial -BM- está destacando el tremendo efecto que vienen teniendo en América Latina diversas manifestaciones de asociación entre los sectores público y privado, especialmente para el desarrollo de grandes obras de infraestructura que bien contribuyen a elevar los niveles de competitividad de las economías nacionales, con lo que quedan cada vez mejor posicionadas las empresas locales y los gobiernos se exponen menos financieramente.

Es tal el auge que se viene registrando en estas operaciones que si en 2011 se efectuaron inversiones del sector privado del orden de los 43 mil millones de dólares, un año después, en el 2012, la cifra aumentó en un 50% para alcanzar los 87 mil millones de dólares de involucramiento conjunto con el gobierno. El BM registra que en ese año se ejecutaron 78 proyectos nuevos concentrados en 12 países de la región, la mayoría en Brasil, Chile y Perú con prioridad en sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Comprobado el impacto socio-económico que esa acción conjunta tiene, ya son varios los países que han introducido leyes para regular y garantizar todo el proceso abriéndole espacio de participación a la experiencia gerencial del sector privado en proyectos que antes eran ejecutados solo por el sector público. A su vez, ello posibilita que el gobierno tenga que comprometer menos recursos y continuar en una espiral de endeudamiento externo, contribuyendo así a movilizar capitales privados nacionales para el financiamiento de proyectos de desarrollo. La experiencia regional muestra que en las economías donde esto está funcionando, y se han creado las instituciones correspondientes, ha estado fluyendo con más fuerza la inversión externa. Ya algunos países centroamericanos se están involucrando en acciones de este orden y han aprobado las leyes correspondientes.

El desarrollo de nuestras naciones demanda inversiones en sectores que inciden en el nivel de vida de la población, garantizando servicios esenciales como acueductos, generación eléctrica, red de carreteras. Aquí sabemos bien de esas falencias. Incluso, en algunos países el interés del empresariado privado apunta también a los sectores de educación y salud. Ciertamente, la CEPAL, el propio BM, el FMI y otras instituciones económicas internacionales han estado llamando la atención hacia la urgencia regional de invertir en infraestructuras por lo que esta modalidad abre perspectivas adicionales.

Incluso, el BM destaca un factor interesante – aunque controversial y objeto de diferentes percepciones, especialmente en el país por las preocupaciones que genera la debilidad institucional -: la inversión de los fondos de inversión a largo plazo en el mercado de capitales para garantizar sus compromisos también de largo plazo. En Chile esa experiencia fue exitosa. En varias naciones se vienen construyendo instancias que puedan ofrecer garantías contra riesgos. Cuando el sector privado comprende que su verdadero rol no es solo exigir y esperar del gobierno sino involucrarse activamente junto a él, y así lo visualice, además, el Estado, todo marchará mejor para todos.