La ciudadanía debe apoyar aspectos nodales de la estrategia del Gobierno como la lucha contra la COVID-19 para retornar a la plena convivencia productiva, y la implementación de “Alianzas Público-Privadas” (APP) para superar, de una vez por todas, funestas políticas de control estatal y, además, para reinstaurar el manejo pulcro de los asuntos públicos.

En 1982 México declaró la cesación de pagos de su deuda externa y múltiples voces plantearon que el estado debía volver a ocupar su rol de regulador de la actividad económica, en lugar de actuar como inversionista y operador de entes productivos y de servicios. Reagan y Thatcher predicaron “the less government, the better”,“mientras menos gobierno, mejor” y en 1989 el llamado “Consenso de Washington” consagró la “Privatización de las empresas estatales”.

Por eso se crearon marcos jurídicos para gestar y operar empresas mixtas y a veces para otorgar concesiones al sector privado para ofrecer servicios públicos. Esas leyes tienen irrefutable relevancia institucional, pero algunas APP exitosas surgieron acá antes de existir leyes específicas en ese campo.

En 1962 el Consejo de Estado firmó, sin licitación, un contrato con la ESSO para instalar una refinería de petróleo en el país y Bosch le solicitó a Kennedy que intercediera ante ESSO apoyando las gestiones del Estado dominicano para anular ese acuerdo.

Así ocurrió y, en 1967, Balaguer convocó un concurso que ganó la Shell para construir y operar la Refinería Dominicana de Petróleo S.A., REFIDOMSA que culminó con un acuerdo entre el Estado y la Shell, aprobado por el Congreso a fines de 1969.

La representación del Estado en las negociaciones la tuvo una comisión presidida por el venerable Enrique Apolinar Henríquez, “Don Quiquí” y ampliada con otros ciudadanos de los cuales sobrevive Bernardo Vega. La participación Estado-Shell sería igualitaria.

El Estado entregaría terrenos como aporte de capital en naturaleza y Shell le daría un préstamo al Estado para completar su 50% accionario. El pago anual de intereses y amortización del principal se cubriría con los dividendos de las acciones del Estado.

La refinería se construyó sin escándalos, y se operó con eficiencia y transparencia, aunque no había una ley específica sobre las APP. ¿Por qué ocurrió eso? Porque aunque se denunciaron los “300 millonarios de los doce años”, ni Balaguer ni sus relacionados tenían complicidades con contratistas o suplidores de ese monumental proyecto. Igual ocurría con “Don Quiquí” y los otros comisionados.

Además, Shell siempre administró la refinería, hasta que vendió sus acciones en el 2008.

Los factores que convirtieron a REFIDOMSA en un modelo en su tipo, a ser replicado, no son secretos.

Shell aportó credibilidad corporativa, capital, y “know how” para construir y operar la refinería. Por su parte, los comisionados representantes del Estado tuvieron un comportamiento probo, encarnado en la conducta de “Don Quiquí”, a quien Balaguer exaltó en su panegírico como un verdadero amigo, que decía la verdad, no adulaba y no traicionaba.

En los inicios del “ancien régime” felizmente superado, REFIDOMSA encargó un estudio de factibilidad para gestar una planta eléctrica de ciclo combinado de 525 MW, a base de gas natural, y una terminal regasificadora para almacenar el combustible. Se partió de la estrategia del constructor y primer gerente de REFIDOMSA, Eduardo María Delgado Suárez, que concibió que la refinería no solo procesaría crudo y distribuiría gasolina y otros“productos blancos”, sino que también instalaría plantas eléctricas con el mismo esquema de APP de la refinería.

Ni Balaguer ni otros gobernantes replicaron ese enfoque de inversión. El “ancien régime” desestimó la iniciativa de generación de REFIDOMSA del 2013, y otras similares de inversión privada a base de gas natural, e impuso su planta estatal a base de carbón.

Las exitosas APP del Consorcio Cítricos Dominicanos, Consorcio Citrícola del Este e Induspalma, entre otras, surgieron sin leyes específicas.

En cambio, la Ley de Reforma de la Empresa Pública del 1997 promulgada específicamente para promover las APP tuvo como resultado la dilapidación de gran parte de la riqueza que quedó como herencia de la tiranía y, además, las distribuidoras estatales, pervirtiendo su esencia, han causado una altísima proporción de los astronómicos déficits presupuestales recurrentes, y del endeudamiento externo.

Solo se salvan las APP de las generadoras eléctricas y la procesadora de trigo, con administración privada.

Las leyes no son mejores que los hombres que las aplican y Abinader tiene un gabinete con credenciales válidas para impulsar promisorias APP en diferentes sectores que hoy día se crearían para materializar proyectos conjuntos, de amplio impacto desarrollista, para los cuales ni el Gobierno, actuando aisladamente, ni el sector privado obrando por su lado, cuentan con recursos suficientes.

El Estado opera con déficits, no ahorra y, por tanto, no puede invertir. Captar nuevos préstamos con garantía soberana se dificultará cada vez más y las nuevas obras solo podrán construirse sumando recursos privados nacionales y extranjeros.

Esas obras son imprescindibles y como la necesidad es ley suprema de vida las APP no son una opción, sino una necesidad.