Luis Scheker Ortiz 
Todo comenzó con el presidente Hipólito Mejia luego de crear mediante Decreto No. 378/03 el “Patronato Fundación Cueva de las Maravillas”, antiguo “Jagual”, como un organismo asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, siendo su incumbente el sociólogo e historiador Moya Pons. La designación de los primeros miembros del Consejo Administrativo integrado por reconocidas personalidades que desarrollarían una labor eficiente para proteger y elevar el valor de la Cueva como patrimonio histórico de gran interés cultural, científico, educativo y turístico, rescatándola de su abandono y depredación que venía sufriendo.
Posteriormente, de manera atropellada, Hipólito dispuso por decreto 248/04 transferir al Patronato 21 parcelas propiedad del CEA, un avión Cessna, matrícula HI728 SP y bienes propiedad de Medio Ambiente, otorgándole “potestad para vender, traspasar, ceder o gravar esos terrenos.” Y aquí fue Troya. El nuevo Fiscal de Distrito, Guillermo Moreno, no se hizo esperar. Tronó pidiéndole al presidente Leonel Fernández la derogación del Decreto y la nulidad del contrato, carente de toda validez jurídica y violatorio de la Constitución, no teniendo el presidente Mejía facultad alguna para traspasar bienes del Estado a favor de una entidad privada, sin la aprobación del Congreso. De manera que la historia es vieja.
El Presidente Fernández, conciliador, echa agua al fuego. Mediante su Decreto No. 14-16, resalta el valor histórico de la Cueva de las Maravillas, se compromete sostener la inversión del Estado para su ampliación y desarrollo bajo la administración del Patronato y designa a los Secretarios de Estado de Cultura, Turismo, Medio Ambiente y al Director de Jardín Botánico miembros ex oficio del Patronato con funciones de dirección y asesoría.
Pasaron años y el Patronato cumplió su misión. Rescata la Cueva de las Maravillas, la embellece y enriquece dando ejemplo de buena administración y el dichoso contrato queda engavetado. Pero el presidente Medina lo resucita y ante su primer intento de enajenación, la Academia de Ciencias da su grito de alarma y más recientemente la Defensora del Pueblo pide a la Cámara de Diputados desconocer ese proyecto con buenas razones, porque todo puede suceder en este país maravilloso de Alicia, dando tumbos sin saber adónde va porque aquí “to e to y na e na” y violar la Constitución y masticar chiclets viene siendo la misma cosa.
Pero solo hay que darle un poco de tiempo al tiempo para que el pueblo retome su soberanía y reaccione como viene haciendo el Movimiento Verde, sin prisa pero sin pausa, para volver a la institucionalidad y deshacer entuertos. La Cueva de las maravillas es un parque nacional. Un área protegida. La Constitución de la República es clara: “La vida silvestre, las unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles …. “
“Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución de la República, norma suprema y fundamental del ordenamiento Jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. ¿Se oye?
