Luis Almagro no se equivocó, habló de solución definitiva y ahora dice que “nunca habló de unificación”, que lo “tergiversaron”, pero sus palabras transmitieron un mensaje claro. Que no podemos minimizar, porque la OEA es de triste recordación para los dominicanos, también fue responsable de la invasión norteamericana, con los votos estrictos la aprobó el 6 de mayo de 1965, además nunca se ha querido disculpar y mucho menos compensar por los muertos que motivaron su decisión.

Es el mensajero de los responsables históricos de lo que es hoy el estado fallido de Haití, de los poderes que se aprovechan de nuestros errores, como la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional, que negó la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre, hija de dos braceros haitianos en tránsito, nacida en el municipio de Yamasá en abril 1984. Decisión que debió limitarse a Deguis Pierre, pero que desata los demonios cuando, tratando de resolver el histórico y complejo problema migratorio con Haití, redefine lo que es “tránsito” y ordena se aplique a descendientes de extranjeros en tránsito nacidos en el país desde el 21 de junio de 1929.

Si bien es cierto que no obstante la Gran Depresión mundial que se inicia en 1929, empujando la economía a una prolongada y fuerte recesión, el PIB acumulado descendió 40.74% en cinco años (1929-1933), aumenta el flujo de inmigrantes haitianos a territorio dominicano, motivando el tratado fronterizo que firmó Horacio Vásquez con Louis Borno, no es menos cierto que la inmigración legal se inició mucho antes. Como consecuencia de la despoblación, trabajadores agrícolas haitianos se establecieron en la frontera dominicana desde finales del siglo XIX, y desde el 2014 aumentó el flujo de trabajadores para la industria azucarera, plantaciones arroceras, zonas cafetaleras en la cordillera septentrional y para obras públicas.

El mayor bache de la sentencia es que no explica porqué dejó fuera de su alcance a esos inmigrantes ilegales, sus descendientes y a los que por vínculos con dominicanos formaron la sociedad dual (“rayanos” o “haitianos étnicos”). Porqué automáticamente los convierte en dominicanos y da un trato diferente a los del periodo 1929-2010.

Como la sentencia es definitiva, lo que nos resta es cambiar el discurso en el plano internacional, pasar a la ofensiva, porque Haití solo reclama con el apoyo de la comunidad internacional, sin referirse a la deuda que tiene con nosotros que es enorme. Hay que buscar papeles para documentar que en 1936, para fomentar el “espíritu conciliación”, sin estar facultado, solo porque le dio la gana, Trujillo regaló a los haitianos 660,000 tareas. El gobierno debe preparar un expediente, con la opinión de la Academia Dominicana de la Historia y de un equipo de juristas, para solicitar la devolución de los terrenos en cortes internacionales.

Sin más anuncios aplicar la ley de migración con su reglamento. Como la inmigración haitiana continuará, otorgar permisos de trabajo exigiendo el pago de impuestos, pero solo a los que necesita la economía y el resto debe salir del país. Con un trato diferente a los que demuestren nacieron y se quedaron aquí, estudiar cada caso porque nadie elige dónde nacer. Un trabajo que debe hacerse sin pausa, sin prisa y sin injerencia de nadie.