La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, consideró que una modificación a la Ley de Hidrocarburos incidiría en proyecciones que tiene el Gobierno para la recaudación del año 2019.
Expresó que lo más factible sería aplicar rebajas y aumentos a los combustibles de acuerdo al precio del petróleo.
Señaló que si no se va a modificar la ley, las reuniones que se hacen para tales fines, sería una pérdida de tiempo.
Entrevistada en la Cámara de Diputados, la dirigente empresarial se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para quien no se debe modificar la ley.
“Si no se harán cambios a la ley, para qué se llama a un diálogo para hablar sobre los cambios a la ley”, dijo. Pidió que se pongan de acuerdo para no gastar tiempo y recursos humanos en algo que no va a tener un resultado positivo.
Asimismo, manifestó que una modificación a la ley no garantiza que los combustibles le lleguen más baratos a la ciudadanía. “No sé si es el momento oportuno de modificar una Ley de Hidrocarburos, con tantos temas que tenemos en el país”.
Estimó que la mejor manera de ahorrar divisas es ahorrando combustibles y hacer campañas para eso.
Representantes de Hacienda en cámara baja. El viceministro de Hacienda, Martín Zapata, y el analista en políticas tributarias del organismo, Maricris Brito, visitaron ayer a los legisladores de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, para exponer la posición sobre el proyecto de ley que propone modificar los artículos 27 y 252 del Código Tributario de la República Dominicana.

Ramón Cabrera, presidente de la Comisión, recibió a los funcionarios del Gobierno en compañía de los diputados José García, Faride Raful, Mirian Cabral, Jesús Martínez y Ramón Dilepcio Núñez. El proyecto es de los diputados Francisco Paulino y Raful, y procura establecer un tope a las necesidades indemnizatorias y restarlo por mora de parte de los contribuyentes.
Zapata dijo que las personas deben pagar en función de bienes y ganancias, para ayudar a quienes no pueden satisfacer necesidades básicas y contribuir a mantener los servicios públicos esenciales.