ALMUERZO GRUPO CORRIPIO
Doctor Max Puig garantiza que rockash no se quedará en el país

ALMUERZO GRUPO CORRIPIO <BR>Doctor Max Puig garantiza que rockash no se quedará en el país

POR GERMAN MARTE
El secretario de Medio Ambiente, Max Puig, afirmó ayer que la cartera que dirige no se ha rendido frente al rockash depositado en Samaná y Montecristi, y aseguró que el caso no quedará impune, ni el material se quedará en el país para siempre.

Explicó que desde antes de diciembre pasado, Medio Ambiente dictó una resolución ordenando que el material fuera sacado del país. La medida también imponía multas a las empresas responsables y al funcionario que otorgó -de manera indebida- la autorización para la introducción de rockash.

Empero, hasta ahora no han cumplido con la resolución de Medioambiente escudándose en argumentos de orden procedimental, han recurrido a las autoridades administrativa y han estado establecido recursos judiciales para oponerse a la resolución.

No obstante, dijo,  Medio Ambiente está planteando que esos recursos judiciales no suspenden la ejecución de la disposición, y como las empresas no han obtemperado a la medida la cartera que dirige está contemplando otros recursos para hacer cumplir la resolución.

Puig hizo las afirmaciones al participar como invitado en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.

Manifestó que la Secretaría de Medio Aambiente apoderó al procurador de esa cartera para que este a su vez apoderara a los tribunales de la República, pero parece que en el procedimiento hubo cierta dificultad, razón por la cual se está reelaborando el expediente.

Significó que independientemente de las decisiones de carácter administrativo y del hecho de que obligue a los implicados a cumplir con el extrañamiento del material, hay sanciones judiciales pendientes.

Destacó que la secretaría de Medioambiente dispone de los recursos de ley para hacer cumplir que los implicados saquen el rockash del país asumiendo los costos.

«El gobierno podría sacarlo (el rockash) mañana, y entonces desarrollar una acción para que ellos reembolsen al Estado, pero nuestra posición es que no, que lo tienen que sacar ellos,  tienen que pagar ellos. Esa es la posición firme de la Secretaría de Estado Medioambiente y del gobierno», dijo Puig.

Además, las empresas responsables de traer el rockash al país tienen que pagar por los daños provocados al medioambiente, más la reposición del lugar en sus condiciones originales.

Max Puig explicó que el rockash es un material elaborado a partir de cenizas producidas por el consumo de carbón en plantas eléctricas, y combinadas estas cenizas con otros materiales se produce el rockash.

Indicó que ese material es utilizado en muchos países del mundo, pero tiene requisitos para su manejo y disposición.

 En el caso de la República Dominicana, subrayó Puig, uno de los requisitos que establece la ley es que la introducción de cualquier desecho tiene que estar precedido de un estudio de impacto ambiental y también establece esa obligatoriedad en el caso de que el material vaya a ser depositado en zonas costero marinas.

«Y resulta que en los dos casos en que se depositó rockash en la República Dominicana, se depositó en zonas costero marinas, en un caso en el Puerto de Manzanillo y en el otro caso al lado del Puerto de Arroyo Barril, en condiciones en que el material está cayendo en las aguas de la bahía»,

Subrayó que lo que está prohibido, de manera específica, es que el rockash se maneje de esa manera, «en ese sentido, la violación es patente. Y en eso se basa Medioambiente para las sanciones administrativas y para sometimiento ante el procurador general de Medioambiente.

Empero, recalcó que los desechos industriales pueden ser utilizados, pero observando ciertas normas de respeto al medioambiente, pero lo que no es permitido es que se utilice de tal manera que sus niveles de toxicidad se pueda multiplicar.

En tal sentido, indicó que medioambiente no se ha pronunciado sobre los niveles de toxicidad del rockash, sino sobre el manejo irresponsable que se le ha dado, lo que incrementa su toxicidad.

El funcionario adujo que el por el principio precautorio, las autoridades anteriores no debieron nunca autorizar que el material fuera introducido al país sin tomar las precauciones de lugar.

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