POR IGNACIO HARRIAGUE
BUENOS AIRES.-  Hace poco leímos en el diario La Nación, de Buenos Aires: «El presidente Kirschner tiene hoy la oportunidad de hacer algo que no sea sólo una campaña mediática. Está en posición de eliminar las prácticas primarias de la corrupción política local. Luego vendrán las jubilaciones de privilegio, las listas sábana, los incontables nombramientos de familiares y asesores, etc… Hoy se da esa inmejorable oportunidad: ¿sabrá Kirschner aprovecharla, o simplemente seguirá aprovechándose?

El pasado 31 de enero el doctor Pelegrín Castillo afirmó, en un programa televisivo en Santo Domingo, que una vez resultara electo presidente el doctor Leonel Fernández, el PLD tendría la gran oportunidad de atacar de raíz el modelo clientelista-populista imperante: ver la función pública como …»un botín a repartirse cada cuatro años», en sus palabras, resulta en emplear en el Estado a gente sin capacidad; y «bregar» por un cuerpo de funcionarios estable y competente va contra ese negocio, de altísima rentabilidad, que es el invertir en política: beneficios exorbitantes (vía nóminas, exoneraciones, privilegios, contratas) son recibidos por quienes han invertido recursos en la campaña. ¿Y quién los paga? La población, con las crisis económicas, «paquetazos», préstamos y proyectos con costos inflados, políticas de dispendio y mal endeudamiento. ¿Cómo lograr la estabilidad, tener racionalidad macroeconómica…y al mismo tiempo dejar «contentos» a los compañeros o a los negociantes de la política?  Hacer un esfuerzo serio por cambiar, por establecer un nuevo orden político – ¡para que las instituciones públicas funcionen bien! – parece ser lo que la gente espera, tanto en la Argentina como en la República Dominicana.

Cada cuatro años, en la administración pública dominicana, los directores generales y nacionales, subdirectores, y algún otro escalón jerárquico, salen del gobierno. No pocos,  ¡sino varios cientos son los altos funcionarios que cambian! Bien puede afirmarse que no hay estabilidad para aquellos funcionarios cuyo sólo incentivo sea el interés general y el resguardo de las normas e instituciones vigentes. Este es una falla muy importante del régimen de servicio civil y carrera administrativa dominicano: aunque se incorporen miles de servidores (en el gobierno saliente, la ONAP impulsó y aceleró la aplicación de la ley 14/91), los efectos sobre una gestión pública de calidad son mínimos e incluso, a veces, contraproducentes. Reafirmamos la necesidad de «crear una capacidad de largo plazo para que la comunidad política sea capaz de gobernarse a sí misma», como dijera recientemente un especialista argentino. Con una revisión profunda de la relación partido-organización estatal, se trata de instalar instituciones fundamentales y mantenerlas en esferas muy bien diferenciadas. Una característica común en los países desarrollados es la calidad de sus instituciones públicas, siendo la inamovilidad del alto directivo público una condición básica para lograrla. Siendo los administradores públicos, altos y medios, un eje fundamental en la conducción y continuidad del Estado, en caso de ser desechables cada cuatro años, se afectará negativamente el desarrollo del país.

Los políticos, en su gran mayoría, no entienden bien lo de «ver más allá de cuatro años» en la administración de la «cosa pública», siendo precisamente eso lo que les diferencia de los estadistas – que «ven más allá» del interés partidario o sectorial. ¿Será el nuevo gobierno del Dr. Leonel Fernández capaz de institucionalizar una alta dirección pública profesional y permanente, «más allá de cuatro años»? Como le preguntara aquel ciudadano argentino al presidente Kirschner: ¿sabrá aprovechar esta gran oportunidad para su país?