Con sobradas razones, el senador por la provincia de Monte Plata Charlie Mariotti denunció el secuestro de áreas de compras estatales por grandes empresas disfrazadas de pequeñas y medianas, lo que contradice la política del ciudadano presidente Danilo Medina Sánchez  de fortalecer y proteger las Mipyme. No es posible que contrataciones públicas les exija a las Mipyme tantos documentos para registrarlas como proveedores del Estado, las encasille en una clasificación ocupacional que le dificulte la diversificación y tarde hasta 7 días laborables en registrarlas.

    Las exigencias de Contrataciones Públicas de que todas las compras sean sometidas a concurso y publicadas en un portal donde concurran a competir el pequeño empresario con el grande, es la crónica de un triunfo anunciado para las grandes empresas. Estos concursos fomentados por la institución pública referida no tienen razón de ser pues la concurrencia no es entre comerciantes de igual tamaño, sino entre desiguales, pues un minorista nunca podrá competir con un importador o mayorista, tales concursos representan un fomento de la desigualdad empresarial.

    Cuando una pequeña empresa logra venderle al Estado, lo hace con el menor porcentaje de beneficio. Al recibir el pago a los 30 o 60 días le deducen un 5% como anticipo de impuestos y luego de pagar sus cargos tributarios correspondientes al año social, también tiene que pagar anticipos, convirtiéndose esta situación en una doble tributación que le resta capital de trabajo a las Mipyme.

    Además, el Banco de Reservas tarda hasta dos meses para visitar el negocio del solicitante del préstamo y luego de la inspección no se sabe cuándo se reunirá el comité de préstamo para su aprobación.

Esto al pequeño empresario lo desilusiona por hacerle perder la oportunidad de un negocio y lo lanza a obtener préstamos en el mercado informal.