Por Aldo Rodríguez
Caracas, 19 nov (EFE).- Un atentado que mató al fiscal de los procesos por el golpe de Estado de 2002 en Venezuela motivó hoy una reunión de emergencia de todos los poderes públicos para dictar medidas de «alta seguridad», sin incluir el estado de excepción.

«Se adoptarán una serie de medidas de todo tipo, de alta seguridad, policiales, que no incluirán la suspensión de garantías constitucionales», anunció el vicepresidente, José Vicente Rangel antes de entrar en la reunión.

El fiscal Danilo Anderson, de 38 años, fue asesinado hacia las 22.00 horas del jueves (02.00 GMT de hoy) cuando una potente explosión, cuya autoría aún no se ha atribuido nadie, destrozó el vehículo que conducía por las calles de Caracas.

«No haremos señalamientos a priori sobre este brutal acto terrorista, al que el Gobierno concede gravedad extraordinaria, pero se hará una investigación a fondo y se aplicará la ley con todo rigor», subrayó Rangel.

El asesinato de Anderson motivó la suspensión del viaje que el presidente, Hugo Chávez, tenía previsto hoy a Costa Rica para participar en la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Rangel informó de que el mandatario mantenía la visita oficial del lunes y el martes a España, desde donde partirá hacia Rusia, Irán, Libia y Qatar en una gira de marcado carácter comercial y petrolero.

Aunque Rangel insistió en que «no vamos a difundir hipótesis» sobre los autores del atentado, pidió a la embajada estadounidense en Caracas explicar el silencio de Washington ante exhortaciones públicas a perpetrar actos terroristas, incluso el magnicidio, por parte de prominentes figuras venezolanas residentes en EEUU.

En ese sentido, se expresaron recientemente en Nueva York y Miami, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez intentó derrocar en 1992, y el animador de televisión Orlando Urdaneta, respectivamente.

Ante los exhortos al magnicidio en Venezuela, «las autoridades en Washington no han dicho absolutamente nada», recalcó Rangel poco después de que el embajador de EEUU en Caracas, William Brownfield, condenara el asesinato como un «acto terrorista brutal y bárbaro (…) para el que no hay lugar en un mundo civilizado».

El vicepresidente desestimó versiones de que el suceso pudiera haber torpedeado las ofertas de diálogo del Gobierno y dijo, por el contrario, que «lo impulsará».

El asesinato del fiscal puso fin a un aparente periodo de calma en Venezuela, después de más de dos años de violento enfrentamiento social y político entre seguidores y adversarios de Chávez que causaron más de una decena de muertos y cientos de heridos.

El pasado año, dos bombas explotaron frente a delegaciones diplomáticas españolas y colombianas en la capital venezolana sin causar víctimas, en otro atentado del que han sido acusados militares opositores a Chávez, que han pedido asilo político en Estados Unidos.

La efervescencia política se aplacó tras el referendo del 15 de agosto que confirmó en su cargo a Chávez y parecía haberse desvanecido definitivamente con el abrumador triunfo del frente oficialista en las elecciones regionales y municipales de hace 20 días.

Entre persistentes gritos de «justicia, justicia popular», centenares de partidarios de Chávez expresaron hoy frente a la fiscalía su condena al asesinato de Anderson.

Las expresiones oficialistas de repudio al atentado se han visto reforzadas por otras de líderes opositores, quienes llamaron a no hacer declaraciones que inviten a sectores «chavistas» a tomarse la justicia por su mano.

Los secretarios generales de los opositores partidos democristiano, César Pérez, y de Primero Justicia, Julio Borges, exigieron «una investigación limpia» sobre el hecho.

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Baltazar Porras, identificado con la oposición, llamó al Gobierno a «desistir de llamados a la retaliación».

El fiscal asesinado dirigía la investigación que en las últimas semanas abrió la fiscalía sobre la implicación de unos 400 opositores en la asonada cívico militar que el 11 de abril de 2002 derrocó durante 48 horas a Chávez. EFE