Las instituciones reguladoras de los servicios públicos se han creado como mecanismos de defensa a los consumidores frente a los proveedores principalmente provenientes del sector privado. Es un instrumento que pagan los gobiernos con tributos de los ciudadanos para que haya una relación de equidad, aunque en nuestro país los que existen no han cumplido su rol porque sus directores no tienen claro su papel.

La figura del ente regulador tiene su origen en el derecho anglosajón que distinto al nuestro, se basa en lo que en el lenguaje jurídico se conoce como Derecho Consuetudinario, porque viene de las costumbres que se hicieron reglas y normas de la convivencia de los ingleses.

En el país los entes regulares no han actuado a favor de los consumidores, de lo contrario la Superintendencia de Electricidad no hubiera permitido que se violara la ley, que se elevara la tarifa, que se hiciera un reglamento acorde con los intereses de las Distribuidoras, hubiera asumido un papel en contra de los apagones y mucho menos tomara iniciativas tendentes a elevar las tarifas, violando todos los procedimientos que prevé la ley 125 01, que regula el servicio energético.

Pero además, si esa entidad realizara su labor conforme a como manda la ley, le respondiera a varios recursos jerárquicos e impugnaciones que por estas violaciones ha interpuesto el equipo de abogados de la Fundación por los Derechos del Consumidor.

Esa Superintendencia, que desde sus inicios dio señales de que no sabe lo que tiene en sus manos, pagó un estudio a la empresa Argentina P.A. Consulting Group para el establecimiento de una tarifa técnica, el cual determinó que procedía una disminución de un 18% en el precio de la energía en un período de seis meses. Sin embargo, pese a haber pagado una buena cantidad de dólares a los técnicos desestimó el estudio y procedió a autorizar los incrementos que tenemos hoy en el pago de los apagones.

Se supone que la principal función de la Superintendencia de Electricidad es la de hacer cumplir la ley, la cual en el caso de los apagones establece que por cada hora de apagón debería compensarse al usuario con el equivalente a 150 % del costo de cada hora de apagón como lo establece el primer párrafo del artículo 93 de la ley de electricidad.

En fin, al margen que hayamos estado sumergidos en una profunda crisis por los niveles de pobreza a que estamos sometidos, el organismo regulador no ha dado señales que validen incluso su existencia, porque al menos debió haber informado mediante resolución o el mecanismo que creyera conveniente todo lo relacionado con los apagones, con las facturas abusivas y el porque del irrespeto a los usuarios, sobre todo a los que pagamos religiosamente por el servicio mas mal servido y con la tarifa mas cara de todo el globo según estudios de expertos en el tema energético.