A mediados de febrero del año en curso, el gobierno representado por la Secretaría de Finanzas, las empresas distribuidoras y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE) y por la Superintendencia de Electricidad en representación del Estado, firmaron un contrato de avenimiento para saldar US$32.0 millones a las distintas firmas generadoras con el fin de hacer sostenible el sistema energético.

Este Acuerdo Marco planteaba el compromiso del Estado para contribuir a la recuperación y al equilibrio económico de las empresas generadoras acreedoras del gobierno, lo cual contribuyó a los pocos días con una mejoría sostenida que, a pesar de las altas y bajas, aún se mantiene.

Probablemente al momento de rubricar las partes dicho Acuerdo Marco pocos sabían el comportamiento persistente en el alza de los precios de los hidrocarburos que a través de las últimas semanas han continuado en los mercados internacionales con sus negativos efectos para el sistema de energía termoeléctrica del país.

De hecho, los costos han ahogado a las empresas generadoras, mientras ha erosionado las disponibilidades del gobierno que de más en más ha tenido que ir incrementando los gastos corrientes en subsidios para mantener los precios a niveles soportables para la población de menos recursos.

Estas erogaciones implicaron la destinación de RD$6 mil 100 millones en los primeros cuatro meses del año, de un presupuesto de RD$5 mil 300 para los doce meses del 2004.

No obstante al momento en que se arriba a un proceso de transición, para muchos el sistema eléctrico puede constituir uno de los clásicos «ganchos» que los gobiernos suelen dejar en herencia a las autoridades entrantes.

De hecho, la situación parece arrastrar una vieja práctica de los gobiernos en el manejo del sector eléctrico, el cual incluso tras la privatización de que fuera objeto este sector durante la pasada administración ha dejado insolutos problemas tan gordos como la misma deuda acumulada hasta el momento.

Anillo sin principio ni fin

En el «Diagnóstico del Sector y Elementos para una Estrategia del BID», elaborado hace poco por el Banco Interamericano de Desarrollo se establecen varios factores generadores de la histórica crisis que en los últimos años ha venido afectando al sistema eléctrico que opera en el país.

Indica que el proceso de reformas sectoriales fueron emprendidas inicia en firme hacia 1997 con la reestructuración de la estatal CDE ordenada por la Ley General de Reforma de la Empresa Pública.

Esto permitió la capitalización por inversión de las tres empresas de distribución y dos de generación térmica formadas a partir de la CDE, mientras el marco legal e institucional fue establecido en 1998 por decretos ratificados posteriormente en los años 2001 y 2002 a través de la Ley General de Electricidad y su reglamento.

«El objetivo básico de la reforma -sostiene el documento del BID-, era promover la participación del sector privado en generación térmica y distribución y el desarrollo de un mercado competitivo como medios para resolver problemas crónicos de altos costos de generación, racionamiento de energía, altas pérdidas de energía y mala calidad de servicio».

Sostiene que ante los súbitos aumentos sustanciales en los precios mundiales del gasoil a partir de 1999, el cual impactó directamente el costo de generación y las tarifas al usuario, a comienzos del 2000 el goierno decidió congelarlas y poner un subsidio generalizado «fiscalmente sostenible».

Debido a esto, señala el documento técnico del BID, «la política tarifaria establecida inicialmente para aplicar una tarifa técnica pierde credibilidad».

Subraya que ante la inoperancia del esquema de subsidios, a fines del 2000 la sitación financiera de las distribuidoras se vuelve insostenible y el gobierno acuerda con las distribuidoras transferir a los generadores el pago del subsidio, compensarlas con aumentos futuros de la tarifa de distribución y autorizar el cruce de cuentas de subsidios con los pagos a CDE por suministro de energía. En este momento, «las transacciones entre empresas pierden transparencia», según el organismo multilateral.

Explica que al 2002 la capacidad efectiva de generación había aumentado hasta una reserva de más de un 40%, aunque con índices de calidad inaceptables y una demanda máxima no atendida que alcanzaba niveles superiores a 10% en algunos meses.

El problema originó que las distribuidoras incumpliesen las metas de eficiencia para lograr un punto de equilibrio financiero, «generando enfrentamientos y pérdida de confianza entre el gobierno y sus socios privados en las distribuidoras».

Hacia el año 2003, agrega, la situación macroeconómica del país se deterioró dramáticamente en parte por el impacto de la operación de salvamento del sector financiero.

«El peso dominicano se devaluó 88% entre diciembre del 2002 y noviembre del 2003 y en el mismo período se presentó una inflación del 38%», sostiene el documento del BID.

A esta situación atribuye el organismo el deterioro de los índices de gestión de las empresas distribuidoras Edenorte y Edesur, lo cual hizo aún más crítica la situación financiera de las empresas Unión Fenosa «y el negocio se volvió totalmente inviable».

Reporta que durante el primer semestre del 2003 se deterioraron de modo significativo los índices de gestión las las distribuidoras, lo cual conllevó a negociaciones que concluyeron con una «renacionalización» de las distribuidoras privadas.