Cuando los medios institucionales de protección social fallan en su tarea de hacer que se respeten las pautas de convivencia, se corre el riesgo de que la administración de justicia sea relevada por alternativas en extremo peligrosas y abominables.

Si el comportamiento de la Justicia llega a ser tal que sus actos o sentencias dejan en la sociedad la sensación de que se premia al delincuente en vez de castigarlo, entonces se induce a los pueblos a procurarse sus propios medios de justicia, o de ajusticiamiento.

La muerte  de Francis Berigüete de los Santos, de 25 años, capturado y linchado por una multitud en el barrio 30 de Mayo después de que participara junto a otro, u otros, en un asalto a mano armada con balance de dos heridos, es una expresión clara de esa alternativa de que hablamos.

Este linchamiento hay que sumarlo a otros cometidos en circunstancias parecidas contra gente con un abultado prontuario delictivo que, inexplicablemente, continuaba disfrutando de libertad y cometiendo fechorías.

Las fallas de los mecanismos institucionales de protección llevan a la gente a hacer justicia por sus medios y a incurrir en una tipología de crimen colectivo tan repugnante como el que se pretende castigar.

 Por las causas que fuere, aquí los delincuentes logran la libertad con una facilidad pasmosa y pueden llegar a acumular una currícula criminosa abundante y diversa, y sobre todo impune.

Consumada la “sentencia de muerte” dictada sumariamente por una multitud contra Berigüete de los Santos, algunos residentes del barrio 30 de mayo proclamaron que lo mismo les pasaría a otros que intentaren robar en ese sector, que se declaraba harto ya de los robos y asaltos impunes.

Si los medios de protección social no actúan como se debe, si no se modifican cuantos códigos sea necesario para hacer cumplir las leyes, estaremos abonando el terreno para que la alternativa de la justicia propia, de la sentencia sumaria colectiva, se generalice con todas sus amargas e indeseables consecuencias. Aprendamos de los hechos.

El negro detrás de la oreja

El Gobierno ha hecho bien en invitar a relatores de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que investiguen si existe xenofobia, discriminación racial o violación de los derechos de los inmigrantes  haitianos. Posiblemente, es la mejor forma de salirle al frente a la campaña de denuncias que trata de presentarnos como autores de tales prácticas.

En un país de mayoría mulata-mestiza el negro está detrás de la oreja de cada dominicano y, por suerte, salvo casos aislados contables con los dedos de una sola mano, no  hay vocación por discriminar razas por su  pigmentación epidérmica.

 Que una u otra persona, uno u otro establecimiento de diversión, se gaste el lujo de ser racista es harina de un costal muy distinto al que corresponde la actitud general de la inmensa mayoría de los dominicanos, y el Estado en particular.

 Y no es culpa nuestra que debido a su limitadísima formación, no en base a su color o raza, los haitianos tengan que dedicarse a trabajos más forzados que los que hacen otros inmigrantes. Que la misión de la ONU saque sus propias conclusiones.