El fraccionamiento irracional del territorio nacional con la finalidad de crear plazas para cargos electivos y burocracia se ha convertido en un vicio en el que incurren de manera irreflexiva algunos políticos y sus partidos.

Esta práctica delata una indiferencia absoluta por los principios en que debe estar fundamentada la actividad política, que debería tener el interés nacional como su principal razón de ser.

La creación de la provincia Santo Domingo, como resultado de la división de lo que en principio era el Distrito Nacional es una muestra válida de los perjuicios que suelen desprenderse de estas decisiones.

Aunque la provincia Santo Domingo fue establecida en agosto del 2002, todavía sus instituciones de soporte económico, social y de servicio público no han logrado consolidarse y llenar los cometidos que deberían llenar. En algunos casos, el nuevo estatus ha empeorado las cosas.

Pretender, entonces, dividir la provincia Santo Domingo para crear otra provincia,  es causar más perjuicios que los que ya ha provocado la división anterior. En vez de tratar de enmendar los errores y daños, lo que se advierte en algunos políticos es el afán por satisfacer sus intereses grupales sin haber pretendido siquiera corregir los desaguisados resultantes del fraccionamiento de lo que fuera el Distrito Nacional.

–II–

Lo peor de todo es que no es solamente la provincia Santo Domingo lo que se pretende fraccionar. Hay engavetados proyectos que crearían decenas de nuevas demarcaciones sin ninguna razón de ser.

Así como la creación de Santo Domingo no estuvo avalada por ningún estudio socio económico, la nueva división que se pretende tampoco tiene las debidas justificaciones.

Lo único que se destaca es el interés partidista, o de fracción de partido, por crear nuevas plazas para diputados, senadores, síndicos, vicesíndicos, regidores y demás cargos electivos, así como las correspondientes posiciones de burocracia administrativa.

Por otra parte, una división territorial como la que se pretende crearía cargas presupuestarias que la propia demarcación no puede cubrir por sí misma.

Es tiempo de que se le ponga freno a esta práctica tan irracional como dañina para el país. No puede ser que cada político se sienta en el derecho de modificar la división territorial sin otro fin que satisfacer aspiraciones grupales. El tiempo en el Congreso debería ser aprovechado para tareas cuya utilidad tenga por norte el interés del país, no de grupos o personajes políticos.

La frecuencia con que se está recurriendo a estos métodos y el daño que causan obliga a diseñar medios que impidan  que prosperen los proyectos de división territorial que no estén amparados en estudios socio económicos realistas. Hay que ponerle un alto a esta barbaridad.