Dificultades. Ha estado claro que se trata de un problema que demanda concursos y compromisos de los liderazgos o sino, República Dominicana seguiría siendo el segundo país del mundo en cifras luctuosas por accidentes

Superando en cantidad de sucesos viales a otros países de mayor uso de vehículos de motor, y con frecuencia colocada en la segunda posición en número de accidentes trágicos registrados al año a nivel mundial, República Dominicana se mantiene con altas cifras de muertes en calles y carreteras en relación con su población, con tres mil víctimas mortales en promedio, y RD$60 mil millones en costos para el Estado. Y, sobre todo, fallando en esfuerzos por modificar su realidad.

Detrás de la dinámica que genera colisiones y vuelcos con elevados daños humanos y materiales de perfiles epidémicos persiste lo que las propias autoridades reconocen que les toca enfrentar y que describen como “una problemática que requiere intervenciones prioritarias y urgentes que demandan del concurso y compromiso del liderazgo del más alto nivel político del país”.

Así lo proclamaron al anunciar para el lapso 2017-2020 el llamado “Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana”. La aplicación de este proyecto de corta duración no ha traído como resultado una reducción sustancial de los riesgos que se corren en el país desde la condición de peatón, conductor o simple ocupante de vehículos.

Tras lo expresado, se iniciaron coordinaciones bajo una centralización encabezada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte -Intrant- y supuesta a poner fin la ineficiente “multiplicidad de instituciones gubernamentales vinculadas al tránsito y a la seguridad”.

No han declinado, sin embargo, balances trágicos en picos de la circulación durante los períodos navideños y de Semana Santa y hasta en tiempos normales, lo que meses atrás hizo mostrar pesimismo al director del Programa de Reducción de la Mortalidad por accidentes de tránsito, Ramón Leonel Ureña.

Para él, en el momento en que hablaba, y ahora después: “cuando salimos a la calle manejando algún vehículo de motor o como peatón, nos convertimos en usuarios vulnerables, ya que cualquier eventualidad en el tránsito puede afectar”.

En las pasadas navidades caracterizadas por confinamientos (pero solo para una parte de la colectividad) con motivo de la pandemia, el correspondiente operativo de protección ciudadana reportó que perdieron la vida en accidentes viales 16 personas involucradas en 217 casos que también hicieron llevar a las emergencias de hospitales al doble de esa cantidad.

Fuera del control y de la participación de brigadas de socorristas se calculó que 17 personas más tuvieron un trágico final. El subregistro se presume elevado por fallas de la metodología, o ausencia de ella, para medir los hechos con la mayor exactitud posible.

El alcohol como agravante. La que hasta hace poco fue viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, sostuvo poco antes de apartarse de las funciones que una de cada 20 muertes registrada en el país está relacionada con el consumo de bebidas espirituosas. “En relación a los accidentes viales, más del 50% está demostrado que tiene vínculo con el uso de esta sustancia. El 13 % de la población dominicana presenta diversos grados de dependencia del alcohol”.

En República Dominicana no se aplican, en desprecio a la vasta magnitud de adhesión a las bebidas alcohólicas que se percibe con su mayor índice en la población joven, operativos rutinarios para descubrir contenidos de sustancias alteradoras de conductas en la sangre de los conductores ni rigen protocolos, ordinarios como en cualquier otro país, que prescriben examen sanguíneo a todo el que sufra accidente estando al volante, incluyendo los casos en que los accidentados pierden la vida y debe determinarse si estaban bajo esa influencia.

Un tiempo atrás cuando todavía era fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso opinó que “quien bajo los efectos del alcohol, sin tener licencia, mata tres personas debe recibir la sanción de un homicidio con dolo eventual, no por un homicidio imprudente”.

Su criterio indica que, a la ausencia de medidas represivas y de carácter policial contra las ingestas que alteran la capacidad de conducir correctamente, se suma la falta de rigor y actualización de leyes para los fines de contar con sanciones eficientes, y ejemplarizantes en materia de tránsito.

Motos y fatalidades
Lo que sigue percibiéndose a diario es insuficiencias en las tareas regulatorias de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Digesett, débilmente respaldada por la ley para aplicar contención a las violaciones, particularmente corta en sus alcances sobre la población de motociclistas en circulación, para la que poco valen las reglas a seguir en intersecciones con semáforos o con meros rótulos, ausentes en la mayoría de los cruces.

Se destacan también por el no uso de cascos protectores y por no portar documentos de autorización para transitar y de cobertura de daños a terceros.

En República Dominicana la tasa de muertes en el uso de motocicletas es de 149 por millón de habitantes, marca fatal que deja atrás a Brasil, de una demografía mucho mayor en donde mueren 55 personas por cada millón de brasileños cada doce meses. Así lo indica el estudio denominado “La Seguridad de los Motociclistas en Latinoamérica”, patrocinado por una firma internacional de seguros.

Aunque los vehículos de dos ruedas continúan siendo el medio de transporte que más muertes propicia en accidentes y que en el pasado año alcanzó el porcentaje mortal de un 71% de los casos, el monitoreo oficial de sucesos viales reflejó una disminución de un 12% comparado con el año 2019.

Otras informaciones provenientes de los controles estadísticos del área de tránsito señalan que el hospital traumatológico Ney Arias Lora atendió en reciente período una diversidad de emergencias que en un 30% involucraron a conductores y pasajeros de motocicletas.
En 2018 (última relación de casos reportada) ese centro de salud brindó atenciones primarias en promedio diario a 20 usuarios de ese medio de transporte, dato expresado como tendencia al alza.

Insolvencias civiles.
Las compañías aseguradoras ofrecen con regularidad constancia de que el 40% de los vehículos que transitan por el territorio nacional están fuera del amparo de sus pólizas, con una alta proporción de automovilistas que nunca se agencian las protecciones o las dejan vencer, y que son imprescindibles para garantizar la cobertura mínima por daños causados en percances de circulación. Esta violación de imperiosas normas hace correr al Estado con gastos millonarios en materia de salud para llenar los vacíos insolvencia.

La carencia global del aseguramiento para transitar en automotores ha persistido por años, calculándose que solo un tercio de todos los vehículos que diariamente se mueven por vías públicas, o poco más de un millón cien mil unidades, tienen seguros en regla. Un estudio de este mismo año 2021 sobre la industria del seguro en el país señala llanamente que: “La penetración de seguros en República Dominicana es de las menores de la región (América Latina) acorde con la penetración bancaria más baja de Latinoamérica”. (Special Report)
El anterior Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, denunció con frecuencia la circulación de vehículos sin seguro por todos lados del territorio nacional, advirtiendo que: “es responsabilidad de la Policía Nacional, no de la institución que dirijo, impedir que miles de vehículos recorran las vías públicas sin seguro”.

Pero la Policía como tal no ejerce ningún control sobre violaciones a la ley de tránsito, un ámbito circunscrito a su (en teoría) subdivisión que es Digesett, un cuerpo de moderada capacidad fiscalizadora que limita su aplicación de autoridad a levantar infracciones sin relación con la magnitud de las faltas cometidas, incluyendo las que suponen poner en grave peligro las vidas de terceros por conducir en estado de embriaguez, a los que usualmente se deja seguir circulando. En otras latitudes quedan automáticamente privados de libertad. Mal presos.

Pérdidas de movilidad.
No todas las víctimas de accidentes mueren, afortunadamente, pero no todas avanzan hacia una recuperación a corto plazo de sus condiciones físicas anteriores como para reintegrarse a sus actividades habituales.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación, que se ha esparcido con gran labor social por el territorio nacional con 29 centros, da cuenta de que el 12% de las personas que a ellos ingresan presentan secuelas posteriores a siniestros viales.

Se calcula que anualmente entre dos mil y cinco mil personas pasan a depender, para su reintegración a la vida productiva, de los tratamientos para recuperación que están disponibles en los talleres de la asociación a cargo de terapistas profesionales. Las atenciones allí prestadas suponen un costo muchas veces superior a la capacidad de pago de los accidentados pero a los que «nada se les niega».

La mayoría de los afectados, un 60%, están comprendidos entre las edades de 20 y 49 años, el segmento más económicamente activo de la nación y entre las condiciones físicas negativas más comunes que presentan figuran fracturas, amputaciones, lesiones medulares y plexo branquiales y traumatismos. Se trata incapacidades físicas de las que no siempre se regresa a plenitud y hasta pueden derivar en invalidez permanente.