La disposición del Consejo de Estado (CE) de investir con el grado de general del Ejército Nacional a los miembros de ese gobierno provisional Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tió provocó profundo malestar en el alto mando militar, al extremo de que el jefe de la Fuerza Aérea, el general Atila Luna, amenazó con bombardear el Palacio Nacional.
La medida se habría tomado en respuesta a la inquietud que embargaba a los dos sobrevivientes en el complot contra Rafael L. Trujillo ante las proximidades de las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962 y la ascensión de un nuevo gobierno el 27 de febrero del año siguiente. Sobre la incertidumbre que tenían Imbert y Amiama de su situación, el embajador norteamericano J.B. Martin, en su libro El Destino Dominicano, explica que en un encuentro privado con ambos le confesaron:
“Los otros cinco del CE no tienen nada que perder. Pero después del 27 de febrero qué será de nosotros. Todos los partidos políticos nos temen. Y nosotros sabemos que sólo podemos confiar en nosotros mismos. No queremos meternos en política pero tenemos que hacerlo. Si dependemos del partido que salga elegido, ese partido puede desentenderse de nosotros. No queremos poder y dinero para nosotros mismos. Sólo nuestras vidas”.
Imbert y Amiama se reunían insistentemente con grupos militares en interés de establecer liderazgo en el sector. Su actividad proselitista incluyó visitas a cuarteles en el interior del país, lo que motivó que el presidente de la República y del CE, Lic. Rafael F. Bonelly, llamara la atención a los “héroes vivos”, al tiempo que les advirtió que “el verdadero comandante de las Fuerzas Armadas soy yo, en mi condición del Jefe del Ejecutivo”.
A principios de octubre del mismo año 1962, Bonelly, mediante decreto 6088, otorgó el grado de general a los dos consejeros y cinco semanas después (decreto 6124) los elevó a generales de brigada, al tiempo que les concedía sendas pensiones del Estado de RD$2,500 mensuales, transferibles en caso de muerte a sus viudas y herederos. Con el mismo decreto les otorgó una escolta permanente, compuesta por no menos de seis oficiales.
Previo a las disposiciones gubernamentales, se difundió la especie de que Imbert y Amiama serían hechos generales y que los altos militares estaban de acuerdo en principio, pero cuando se divulgó la noticia de que serian designados generales de cuatro estrellas empezaron las dificultades, porque surgieron contradicciones y pareceres en los círculos de poder, tanto civiles como militares. Ni el secretario de las Fuerzas Armadas, general Víctor Viñas Román, ni el jefe del Ejército, general Marcos Rivera Cuesta, al igual que el general Pagán Montás quisieron aceptar el decreto con el grado de general de brigada. El jefe de la Fuerza Aérea, general Atila Luna, al tiempo de rechazar la disposición, amenazó con “bombardear el Palacio”. El Dr. Donald Reid Cabral, vicepresidente del Consejo, se negó a firmar el decreto de la investidura a los dos conjurados.
El decreto 6088 entró en vigencia a principios de noviembre, y en el artículo 2 se añadió la coletilla: “para el desempeño de sus funciones Imbert y Amiama desempeñarán las funciones de Supervisores de las Fuerzas Armadas”, lo que motivó que el día cuatro del mismo mes de noviembre el alto mando se reuniera con Imbert y Amiama y les comunicara que “tenemos el gusto de recibirlos como generales de una estrella, pero no de cuatro estrellas”. Los sobrevivientes del complot quedaron de acuerdo y comunicaron la decisión al Presidente Bonelly, quien la aceptó.
Martin revela en su libro que a mediados de noviembre, durante una fiesta en honor de una hija de Bonelly, en su casa en Santiago, conversó con Imbert durante dos horas y textualmente refiere: “Imbert dijo que estaba harto, que si el asunto de su generalato no se resolvía la semana próxima, dimitiría del Consejo de Estado y del Ejército…. Y también Amiama. Ahora quería ser general, pero hasta se oponía a eso”.
Desde el 18 de enero de 1962 cuando asumió el CE encabezado por Bonelly, la disputa por el control militar era evidente a lo interno del Gobierno, en razón de que no había una cabeza que los interpretara en sus sentimientos, de corte netamente trujillista. Según el politólogo y académico Eduardo La Torre, fue ante esa engorrosa situación que surgieron tres grupos visibles: el de Elías Wessin y Wessin, que contaba con el apoyo del Consejo y consiguientemente con la Unión Cívica Nacional; el grupo de San Cristóbal, de identidad trujillista y que aspiraba el regreso de Balaguer, y el de Imbert Barreras, “ya que el héroe nacional estaba ahora intentando convertirse en un caudillo”.
La Torre expresa que “en el año 1962 esos grupos no eran tan sólidos como se convertirían dos años más tarde, durante el gobierno de Donald Reid, pero es en esa época que se sembraron las simientes del proceso. Debe quedar claro que en estos días la lealtad no era un valor altamente observado por los oficiales dominicanos, y los cambios tácticos del grupo eran tan comunes como los cambios de los miembros de un grupo a otro. Esto era en muchos casos una cuestión de venta personal y si un grupo podía asegurarle a un oficial una promoción y un poco de corrupción tendría su lealtad hasta que algún otro grupo le hiciera una proposición mejor”.
El Prof. Juan Bosch expone con firmeza el motivo de la contradicción entre Bonelly y el grupo Imbert: “Bonelly era un trujillista consumado que sirvió compromisariamente en época de la tirania. La embajada norteamericana también lo sabía, y por ello lo utilizaba, porque se requería de alguien con influencia y prestigio que mantuviera la mística trujillista entre los militares y otros grupos. Por eso la presión sobre Balaguer y su renuncia forzosa para sustituirlo por Bonelly. Bonelly era más trujillista que Balaguer” .
En 1966 cuando Balaguer llegó al poder, luego de la revuelta de abril, prohibió al general Imbert visitar los cuarteles militares, y 20 años después, en 1986, lo designó secretario de las Fuerzas Armadas. ¡Oh paradoja de la vida!. )).