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POR TANIA HIDALGO
El economista Luis Álvarez Renta acudió ayer a la Fiscalía del Distrito Nacional a formalizar la querella que puso contra la comisión liquidadora del Banco Intercontinental (BANINTER).
Álvarez Renta manifestó que acudió a firmar la querella y señaló que los miembros de la comisión liquidadora César Díaz, Zunilda Paniagua y Manuel Viñas trataron de extorsionarlo semanas antes de que fuera sometido a la justicia acusado de presuntamente estar implicado en el fraude del quebrado BANINTER.
Álvarez Renta estuvo acompañado de sus abogados Radhamés Cornielle y Joaquín Zapata.
La semana pasada, Álvarez Renta fue requerido por la Fiscalía del Distrito Nacional para que presente los documentos que sustentan la acusación.
La querella involucra además a la firma de abogados Tew & Cárdenas, de Miami, y sus principales ejecutivos Joseph A. de María, Matías Dorta, Jonathan Etra, Bryan T. West y Thomas Tew, entre otros socios que habían demandado a Álvarez Renta en esa ciudad luego del escándalo por el fraude cometido en la intervenida entidad bancaria.
Álvarez Renta fue favorecido el 23 de abril pasado con una sentencia del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, con un auto de no ha lugar.
La querella de Álvarez Renta interpuso la querella alegando abuso de poder y usurpación por parte de la firma de abogados, al llevar a cabo acciones legales en su contra, pese a que un juez dispuso el cese de un proceso ante un Tribunal Federal del Sur de la Florida.
El economista decidió interponer la querella, luego de que el presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Robert Plasencia, ordenara a la Comisión de Liquidación del quebrado banco dejar las acciones iniciadas en Estados Unidos, pero la orden ha sido violada por los sometidos.
Califican a la firma Tew & Cárdenas de cómplices en la Comisión al «usurpar y abusar de sus poderes», a pesar de que sus miembros fueron advertidos de que actuaban por mandato de la Comisión de Liquidación de BANINTER «sin facultad jurídica para llevar a cabo acción judicial».
