POR DIEGO PESQUEIRA
El consejo de defensa de Luis Alvarez Renta acusó ayer a los abogados del Banco Central de encabezar una campaña de descrédito contra jueces y funcionarios de la justicia, incluyendo al procurador Víctor Céspedes Martínez, como única manera de sostener su caso ante los tribunales.

Manifestaron que los abogados del Banco Central, al percatarse de que no pueden torcer la ruta de la justicia, se deslizan por el tortuoso recurso de la calumnia contra cualquier juez.

«El Banco Central recurre a la frágil práctica de intentar desacreditar a jueces y funcionarios de la justicia porque de otra forma no puede sostener su caso ante los tribunales del país», precisan.

Explicaron que en la trayectoria de «agresiones se puede seguir el rastro de personas guarecidas tras la autoridad de instituciones financieras y monetarias para exhumar sus querellas personales y así han intentado vanamente calumniar desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta un humilde funcionario de un tribunal pasando por ante el procurador general de la República».

Indicaron que el Banco Central ha sido recurrente en esta práctica puesto que luego de defender al juez Eduardo Sánchez Ortiz, del Séptimo Juzgado de Instrucción, lanzaron duras criticas en su contra porque produjo un no ha lugar a favor de tres de los inculpados en el caso BANINTER, entre ellos Alvarez Renta.

Además, recuerdan la petición de declinatoria contra el juez Samuel Arias Arceno, quien en ese momento era el magistrado de la Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional. Esta petición fue rechazada.

También recuerdan que se le pidió la inhibición al magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la petición de declinatoria contra el juez Arias Arzeno.

Explicaron que luego de decidido el recurso de apelación del caso Listín Diario, los abogados del Banco Central, vertieron todo tipo de imputaciones contra los jueces de la Cámara Civil y Comercial.

Manifestaron que el último de los atropellos en la cadena de sospechas que lanzan de la autoridad financiera y monetaria fue contra el procurador Céspedes Martínez por haber revocado la incautación de tiendas de zona franca propiedad de Alvarez Renta, quien fue excluido del expediente del caso BANINTER por un no ha lugar.