BOGOTA, Colombia  (EFE).- El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, acusó hoy a las FARC del asesinato de once de los doce diputados departamentales del Valle del Cauca que esa guerrilla tenía secuestrados desde 2002 en el suroeste del país.

En una alocución al país por cadena de radio y televisión, y después de un consejo extraordinario de seguridad de casi cinco horas, el gobernante advirtió de que ha sido la misma «organización criminal» la que informado de la muerte de estos políticos. Uribe afirmó que el pasado 18 de junio, y los días previos, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dicen que fueron atacados y murieron bajo «fuego cruzado» los once diputados no hubo combates, ni en ese departamento ni en el vecino del Cauca. El mando de los rebeldes en el suroeste del país sostuvo que los políticos que retenía desde el 11 de abril de 2002 murieron en el «fuego cruzado» con «un grupo militar sin identificar».

Uribe negó tajantemente que se hayan realizado operaciones militares en esa zona en las fechas en las que según las FARC murieron los diputados secuestrados.

«El asesinato de todos los secuestrados, sin sobrevivientes, salvo uno que estaría por fuera del grupo, muestra premeditación criminal que se quiere confundir con fuego cruzado con la fuerza pública que no existió», afirmó el presidente.

Según las versiones difundidas esta madrugada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), el único superviviente fue el diputado Sigifredo López, quien no estaba en el lugar y fue alcalde de Pradera (Valle), que junto con Florida es uno de los dos municipios que las FARC exigen que sean desmilitarizados para un intercambio humanitario.

Los políticos muertos conformaban el grupo de 56 rehenes, entre ellos la colombo-francesa Íngrid Betancourt y tres estadounidenses, que los insurgentes han pretendido canjear por más de medio millar de rebeldes presos, incluidos dos extraditados a Washington.

«Los diputados habrían sido asesinados por las FARC, vilmente», subrayó Uribe, quien compareció en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá, acompañado por los altos mandos militares y policiales, y todos los ministros de su gabinete.

«La hipotética muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego cruzado, que los terroristas de las FARC quieren ocultar el crimen de lesa humanidad que habrían perpetrado», añadió Uribe.

El gobernante agregó que «la Fuerza Pública no estaba en operativo de rescate, porque no había sitio de ubicación (de los rehenes)».

«El gobierno y la Fuerza Pública habían acordado que, al localizar el lugar de cautiverio de los secuestrados, antes de lanzar una operación de rescate, ésta sería rigurosamente estudiada y necesitaría autorización específica», explicó luego.

Pero, continuó, también «se consideraría la opción de bloquear la zona y exigir a través de instituciones nacionales y la comunidad internacional que los terroristas procedieran a liberar a los secuestrados».

Uribe resaltó que, como a las familias de los colombianos, su gobierno se ha comprometido con los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de Francia, Nicolas Sarkozy, a que, en caso de establecer el sitio de secuestro de los nacionales de sus países, «antes de lanzar el operativo de rescate se informaría a esos gobiernos y serían escuchados».

«No han sido informados porque no ha habido localización del sitio de cautiverio», prosiguió Uribe.

El gobernante también reveló que los delegados de España, Francia y Suiza en el comité que busca facilitar la negociación de un acuerdo sobre rehenes mantuvieron «en la tercera semana de junio», autorizados por el Ejecutivo, una reunión con «el terrorista Raúl Reyes», portavoz internacional de las FARC.

«Los delegados de los tres países europeos (…) habían programado una reunión de evaluación mañana en Ginebra (Suiza), que está vigente», anunció Uribe.

Pese a las peticiones de los familiares de los secuestrados, Uribe reiteró su rechazo al despeje de un territorio, o desmilitarización que piden las FARC para negociar el intercambio humanitario.

Por último Uribe pidió a la comunidad internacional «condenar con toda fortaleza a los terroristas de las FARC» y «apoyo» al pueblo colombiano «que ha sido el pilar de la (política) seguridad democrática».