BOGOTA (AFP).- El proceso de paz entre el gobierno colombiano y los paramilitares se encuentra en vilo luego de que el presidente Alvaro Uribe descartó incluir en la negociación una garantía de no extraditarlos, como pidieron los jefes de esos grupos de ultraderecha para evitar el fracaso del diálogo.

A pesar de que el proceso enfrenta su peor crisis en 14 meses de negociación, Uribe ratificó la posición que mantiene su gobierno desde que Estados Unidos pidió en septiembre de 2002 la extradición de los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

«Este es un país que tiene una normatividad, unas instituciones, los gobiernos aquí no se pueden mover a su amaño (antojo), cada paso que uno da como gobernante tiene que respetar el marco jurídico», afirmó Uribe el domingo.

El mandatario respondió así a la petición que hizo un día antes el Estado Mayor de las AUC de establecer «acuerdos de alcance nacional e internacional con el Estado colombiano, entre ellos, su compromiso de no autorizar la extradición de los miembros de las Autodefensas que cumplan lo pactado».

Aunque el gobierno colombiano reconoce que los pedidos de extradición constituyen uno de los mayores obstáculos para el éxito del diálogo, ha respondido que el tema no hace parte de las negociaciones que buscan sacar de la guerra a entre 16.000 y 20.000 combatientes antes de 2006.

Uribe tampoco ha aceptado una reunión directa con los jefes paramilitares, que así lo pidieron el pasado viernes, y más bien reiteró su confianza en la labor que está desempeñando su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, al frente de las negociaciones.

Fue Restrepo quien el pasado jueves reconoció por primera vez que el proceso pasaba por un punto «crítico», debido -además de a los pedidos de extradición- a la negativa de esos grupos a cumplir la exigencia del gobierno de una concentración de tropas para verificar el cese al fuego.

Sin embargo, las AUC descartaron por el momento la concentración de sus tropas, mientras el gobierno no dé garantías de seguridad para ellos y las poblaciones bajo influencia paramilitar.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del plan de paz, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, expresó preocupación por la crisis y advirtió que el proceso no tendrá éxito sin la concentración de los desmovilizados y la unificación de los diálogos.

«El cese de hostilidades no se ha cumplido en su totalidad porque la no concentración en áreas determinadas de los grupos armados al margen de la ley no hace posible su verificación efectiva», advirtió.

Asimismo, estimó necesaria la conformación de una mesa única de diálogo con todos los paramilitares, pues el gobierno negocia por separado con las AUC -principal grupo paramilitar del país-, el Bloque Central Bolívar (BCB), las Autodefensas del Magdalena Medio y las Autodefensas del Llano.

El BCB, segundo grupo paramilitar, anunció este lunes el repliegue de 1.500 de sus hombres de la ciudad petrolera de Barrancabermeja y de otras poblaciones, como «preparación» para avanzar hacia las zonas de concentración.

«Una mesa unificada sería la mejor contribución a que este proceso pueda avanzar y lo podamos llevar a buen término», destacó Gaviria, quien nombró a una misión para acompañar y verificar el proceso.

El jefe de esa misión, el argentino Sergio Caramagna, ha pedido confianza en un proceso que desde que arrancó es visto con serias reservas por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.

«El proceso tiene ritmos especiales, que determina los obstáculos que cada uno va tratando de sortear, pero que está marchando», dijo este lunes Caramagna, quien urgió a que el tema de la extradición y las zonas de concentración se resuelva para evitar que la negociación tenga siempre sobre sí «espada de Damocles».

Para la OEA y el gobierno la concentración de los paramilitares es indispensable para avanzar en el proceso y ganar credibilidad, debido a que -según denunció Restrepo- las AUC cometieron 362 asesinatos, 16 masacres y 180 secuestros en un año desde que decretaron un cese al fuego unilateral el 1 de diciembre de 2002.