DANILO CRUZ PICHARDO
Se requiere mayor coherencia entre los diputados y los senadores para el consenso de un proyecto de alza salarial único, encaminado a favorecer a los servidores de los sectores público y privado con un aumento de por lo menos un 30 por ciento. Hasta el momento ambos hemiciclos, aunque coinciden en la aprobación de la mejoría de sueldos para los empleados, exhiben posiciones que difieren parcialmente. Se impone un diálogo urgente para la elaboración de un proyecto común.

Lo importante, empero, es que el alza salarial parece ser un hecho, por el apoyo recibido en los diferentes sectores de la vida nacional, entre los que se destacan el empresarial, los partidos políticos mayoritarios y minoritarios, las iglesias, la Comisión de Salarios, entidades populares y comunitarias y la sociedad civil en sentido general.

Hay quienes estiman que el aumento debía de ser en un cien por ciento, si se toma en cuenta los altos niveles inflacionarios registrados en el país en los últimos 24 meses en los artículos y servicios que consume la población, producto de las equivocadas políticas económicas del pasado gobierno, y sin registrarse mínimas compensaciones salariales, factor determinante en la reducción de la calidad de vida de la gente.

Ese deseado cien por ciento, sin embargo, constituye un sueño, porque las actuales circunstancias económicas lo impiden. De todos modos, los servidores públicos y privados acogen con cierta conformidad (porque peor es nada) un aumento de sueldos ascendente al 30 por ciento, el cual viene a significar un alivio en su economía familiar, al incrementar en cierta proporción el poder de compra.

Dada la política económica de austeridad que implementa el gobierno, debido a la grave situación de liquidez heredada, ha mostrado una postura tímida relativa al alza salarial. Pero el secretario de Estado de Trabajo, Monchy Fadul, ha expresado de forma pública el apoyo gubernamental.

Pienso que el gobierno, con la reforma tributaria aprobada por los congresistas, contará con una recaudación satisfactoria. Y si esa recaudación se hace eficientemente, evitando y sancionando las evasiones, el ejecutivo dispondría de suficientes recursos para satisfacer ese prudente aumento que los legisladores se proponen aprobar. El incremento de sueldos debía de establecerse dentro del Proyecto de Presupuesto, de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2005. Así las cosas se hacen conforme al librito.

Con relación al tema del alza salarial siempre se levantan voces alegando repercusiones inflacionarias. Si nos llevamos de la tesis de que el aumento de sueldos produce inflación los ingresos de los servidores públicos y privados se mantendrán estáticos eternamente. En momentos en que hay recesión económica, como el actual, un aumento salarial dinamiza a los sectores productivos, porque habría mayor circulante y capacidad de compra, como estableció recientemente, con mucha propiedad, el empresario Pepín Corripio.

Con el orden y la disciplina que muestra el gobierno en sus ejecutorias y la confianza que los sectores productivos depositan en el mismo, la tasa de cambio ha bajado de forma significativa y con ella han bajado también (en una relación de causas y efectos)  muchos artículos y servicios de consumo masivo. Pero esa tendencia alcista en el costo del barril de petróleo en el mercado exterior es un signo de preocupación, porque podría dañar la economía e impedir que de forma adicional al incremento salarial se implementen otros importantes planes sociales.

De todos modos, el gobierno ha recibido gran apoyo (apoyo sincero e incondicional) de parte de los legisladores, sobre todo de aquellos que representan al Partido Revolucionario Dominicano. Hasta ahora todas las iniciativas provenientes del ejecutivo han tenido acogida positiva de parte de los legisladores de las diferentes bancadas.

Y posiblemente los legisladores no varíen su actitud en torno a los proyectos gubernamentales, siempre y cuando los mismos, naturalmente, no afecten el interés nacional.

El gobierno del doctor Leonel Fernández no se puede quejar, asimismo, de la contribución que en término de gobernabilidad ha venido ofreciendo el Partido Revolucionario Dominicano y su presidente, el licenciado Hatuey De Camps, como una muestra de que el interés nacional está por encima de los aspectos particulares.

Observo de forma muy positiva la adultez política que se alcanza en la República Dominicana. Es admirable como sectores que representan intereses políticos y económicos diferentes coinciden en la aprobación de un aumento salarial de un 30 por ciento, ahora en enero del 2005, para todos los servidores públicos y privados.

Hay que tener confianza en el futuro de la República Dominicana. Tenemos serios problemas de violencia y delincuencia, narcotráfico, gran descomposición social, actos dolosos, escándalos policiales, evasión fiscal, déficit fiscal y cuasi fiscal, quiebra fraudulenta de bancos, déficit en la balanza comercial, deficiencia en el sector salud, déficit en el servicio eléctrico, altas tasas de analfabetismo, desempleo y pobreza y un nuevo dolor de cabeza en la tendencia hacia arriba en la tarifa petrolera. Pero tenemos a un pueblo unido, el cual mediante el diálogo y el consenso puede enfrentar y superar muchas dificultades.

Satisface que sectores representantivos de la sociedad dominicana expresen consenso para el alza salarial. Lo propio podría hacerse en un futuro con relación a otros aspectos sociales y económicos. Estamos avanzando.