En los últimos 17 años el salario promedio general de los trabajadores ha aumentado, sin embargo, muy por debajo del alza de costo de la canasta familiar y muy inequitativo si se toma en cuenta el aumento de las ganancias de las empresas al evaluar la productividad, de acuerdo a un análisis del economista, Luis Vargas.

Así mismo desde 1999 hasta 2015, las tarifas salariales mínimas legales de distintas ramas de producción y categorías de empresas en República Dominicana han aumentado nominalmente, pero disminuido realmente.

Según los cálculos de Vargas el salario promedio general nominal ha tenido un aumento de RD$5,355.4 a RD$16,119.3 desde el 1999 al 2015, pero los costos de la canasta nacional nominal han aumentado de RD$6,240.8 a RD$25,568.6.

Es decir, que este reducido salario de la fuerza de trabajo implica escaso poder de compra del canasto de bienes y servicios de consumo básico de una familia de aproximadamente cuatro miembros y, por consiguiente, expansión y extensión de la pobreza del trabajador junto a sus familiares.Sin embargo, de acuerdo a Vargas, la

productividad laboral nominal ha pasado de RD$9,828.6 en el 1999 hasta RD$59,242.6 en 2015 por trabajador ocupado.

Vargas explica que estos altos niveles de productividad, pero bajos salarios reflejan en gran medida la estrategia de innumerables empresarios de consolidar crecientemente un régimen de producción y acumulación de capital y riqueza sustentado en la contracción del salario”.

Bajo salario mínimo. El economista también critica que en ese período de 17 años, el salario mínimo legal mensual de las grandes empresas privadas subió a precios corrientes, 461.8%, al pasar de RD$2,010.0 a RD$11,291.7; mientras en valores reales (ajustado por inflación) subió 37.1% o cerca de RD$746.4, a RD$2,756.4.

Explicó que en el 2015 la diferencia entre salario mínimo y salario promedio era de 29% y revela la baja cotización de la fuerza de trabajo doméstica, la alta desigualdad de tarifas salariales vinculada a diferenciales significativos de ramos productivos, puestos laborales, espacios urbanos o rurales, niveles escolares, grupos de edad o criterio de género.

Resaltó que la tarifa salarial mínima legal ha representado en los pasados quinquenios un proceso múltiple y simultáneo de rezago permanente frente a la remuneración promedio salarial, tiene insuficiente poder adquisitivo de la canasta de consumo de bienes y servicios y un reparto inequitativo del valor agregado, fundamentalmente entre remuneración de los trabajadores y ganancia de los empresarios.

Vargas explica que frente a estos desafíos del salario mínimo, urge establecer de forma constitucional, legal y regulatoria que los salarios mínimos sean en conformidad a la productividad laboral; que sea reestructurado el Comité Nacional de Salarios, y tercero, que las política salariales estén articuladas con las demás estrategias del Estado.