Es inaceptable que los precios de los pasajes del transporte público urbano sean aumentados por sindicatos de dueños de vehículos al margen de lo que en ese aspecto decidan las autoridades correspondientes que en estos momentos estudian los costos de operaciones y la forma de reducir los efectos del encarecimiento de los combustibles y los repuestos.
El gobierno está obligado a aplicar todo el peso de su autoridad y capacidad de maniobra para preservar, al menos, la tarifa actual de un servicio público esencial. En estos difíciles momentos para la economía popular, en los que la mayoría de los trabajadores y empleados está viendo que todo sube menos su poder adquisitivo, los pasajes no deben ser aumentados alegremente.
La ciudadanía está atrapada en los males tradicionales del transporte público. De un lado el desorden de rutas acortadas a conveniencia de los choferes, y del otro lado la presencia de un concho ineficiente que dispendia energía. A más de la inseguridad por la falta de controles de identidad sobre los prestadores de un servicio en el que todavía puede incursionar la delincuencia. Estamos ante un problema que el gobierno debe atacar por dos frentes. Manteniendo reglas firmes sobre los transportistas, aún haciéndoles concesiones, y prestando auxilio a la OMSA para que miles de capitaleños más puedan recurrir al sistema del propio Estado.
Al ataque contra los inmigrantes
Recurriendo a la drasticidad, los países europeos acaban de fijar normas que les permitirían mantener sumariamente detenidos y deportar con rapidez a los inmigrantes indocumentados que detecten, calculándose que el procedimiento podría afectar a 8 millones de extranjeros. La decisión causó impacto en Latinoamérica, procedencia de una parte de esos llamados residentes clandestinos que también son refugiados económicos. Gente forzada a residir fuera de sus países.
Una repatriación masiva de hispanoamericanos incluyendo dominicanos, sería un revés económico y social para esta nación pues nuestros emigrantes mantienen nexos con su patria, relación que hace fluir vitales remesas. Irónicamente, participan de esta política contra inmigrantes gobiernos de naciones amigas que cooperan con el Estado y la sociedad en esfuerzos binacionales para enfrentar algunos de nuestros problemas sociales. ¿Y entonces?