Pocas leyes inspiran tan poco respeto a nuestros políticos cuando se convierten en funcionarios públicos, sea producto de una designación del Poder Ejecutivo o por elección popular, como la ley 311-14 que los obliga a declarar sus patrimonios en un plazo de un mes luego de juramentarse en sus cargos, a lo que definitivamente contribuye la falta de consecuencias para los que no cumplen con ese requisito legal. Y un buen ejemplo acaba de ponerlo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien en la sesión del pasado miércoles advirtió que si no declaran sus patrimonios en un plazo de treinta dias los 33 diputados que todavía, nueve meses después de que se les venciera el plazo, no lo han hecho, les retendrá sus salarios.

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Según una crónica de Diario Libre no lo hizo porque le estuviera dando seguimiento al caso, atento a que los honorables cumplan la ley, sino empujado por las redes sociales, que el pasado fin de semana convirtieron en tendencia el tema de los diputados incumplidores. Y aunque reconoció, indulgente y comprensivo, que los legisladores iniciaron el proceso para transparentar sus patrimonios, muchos “se descuidaron”. Uno supone que en esta ocasión, cuando se les amenaza con afectarles directamente los bolsillos, se animarán a hacerlo; sino ocurre que, gracias el cheverismo del presidente de la Cámara de Diputados, consiguen un nuevo plazo para continuar burlándose de la ley y, de paso, también de sus compañeros que sí cumplieron.

Lo siguiente que hay que preguntarse, porque se cae de la mata, es porqué Pacheco no hizo esa misma advertencia hace nueve meses, pero intuyo que ustedes y yo, mis queridos lectores, creemos conocer la respuesta a esa pregunta. Mientras tanto esperemos que no se trate, nuevamente, de la vieja estrategia de amagar y no dar para guardar las apariencias y que siga la fiesta, precisamente otra de las muchas razones que nos están dando los políticos para dejar de creer en ellos.