Francisco Peña habría tenido a 1,352 personas cobrando sin trabajar, algunas por años, en la alcaldía de Santo Domingo Oeste; 300 de ellas ni siquiera viven en el país. Solamente de noviembre a  marzo de este año, habría nombrado a 328 nuevas «botellas». Todos estos datos los ofrece el recién instalado alcalde de ese mismo municipio, José Andújar; pero ante tan serias denuncias dice no tener intención de someter a la justicia a los autores de las supuestas irregularidades.

Andújar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que solicitará una auditoría a las finanzas de la alcaldía, en la Cámara de Cuentas, aparte de que contratará una empresa privada para realizar otra auditoría. Cuando le preguntaron si pretende someter a la justicia Francisco Peña, quien fue alcalde junto a su hijo por 18 años por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andújar dice que no.

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En el caso de Los Alcarrizos, no aparece la placa del vehículo oficial, ni las armas de fuego, ni dos camiones recién comprados, ni 2 millones 117 mil pesos de la Seguridad Social de los empleados, ni 83 millones de pesos de la empresa recolectora de basura, ni el agua de la cisterna para los bomberos. Todo lo anterior lo denuncia Cristian Encarnación, del PRM, quien venció a Junior Santos en las elecciones del 15 de marzo, luego de 14 años de gestión.

Encarnación tampoco ha mostrado ningún interés en llevar a la justicia esas denuncias de supuesta malversación de bienes y dinero públicos por parte del exalcalde de la alianza PRD-PLD.

El alcalde de Cotuí, Bienvenido Lazala (Ñeñé), denunció a su llegada al mando que su predecesora, la exalcaldesa del PLD, Teresa de Jesús Ynoa Soriano, malversaba 4 millones de pesos mensuales en una nómina paralela. Lazala tampoco pasó de las denuncias.

El exalcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, supuestamente tenía a 360 personas cobrando sueldos por funciones no especificadas, según la denuncia de su sucesor, Manuel Jiménez, también del PRM. A Jiménez no se le ha oído hablar de llevar el caso a la justicia.

Un precedente

Uno que sí sometió a la justicia a un exalcalde, fue Nelson Guillén, de San Cristóbal. Desde el momento en que fue juramentado como nuevo alcalde de esa provincia por el PLD, en el año 2016, instruyó a los abogados de su partido y de la alcaldía para someter a la justicia a Raúl Mondesí.

Mondesí, del entonces PRD, fue condenado a 8 años de prisión y al pago de 60 millones de pesos por irregularidades en su gestión.

En esta ocasión, cuatro alcaldes del PRM dicen tener en sus manos las pruebas de irregularidades de las gestiones previas.