La libertad de expresión es una prerrogativa odiada por  quienes tienen algo que ocultar, pero conquistada y defendida por los pueblos. Desde siempre, la limitación o supresión de este derecho ha sido práctica de quienes no resisten la transparencia, el fluir libérrimo de la verdad. En las tiranías es inevitable la mordaza, y en algunas  democracias imperfectas suele intentarse aplicarla de manera sutil, pero efectiva.

En estos momentos  estamos ante nuevos   amagos muy peligrosos de censura. Uno se ejerce a través de una cláusula que pretende consignar en la Constitución un instrumento de censura previa disfrazado de garantía de la veracidad de la información que sirven los medios de comunicación. El otro, sin conexión aparente con el anterior, es un proyecto de ley que aspira a condicionar y aminorar  la libertad de acceso a la información pública, más allá de lo que estipula actualmente la ley al respecto.

La libertad de expresión y difusión del pensamiento no es una dádiva. Es una conquista que ha costado sangre y trabajo. La  mordaza es instrumento de dictaduras o democracias viciadas. Solo la imponen los intolerantes, los que  ven en la transparencia una amenaza. Los de ahora son amagos que tratan de sobreponerse a la voluntad mayoritaria de los que aman y defienden la libertad de expresión, la transparencia.

Identidades al mejor postor

Las identidades en este país están en subasta, a precios asequibles para todos. Cualquiera, sin gran esfuerzo, puede comprar una, dos o cuantas se le antoje. Por ejemplo, José Figueroa Agosto, el puertorriqueño (¿lo es?) de los US$4.6 millones, también “se llama” Cristian Almonte Peguero, Ramón Sánchez y  Felipe Rodríguez de la Rosa. Esas identidades “extra” las compró en el mercado local.

El colombiano Guillermo de León Bedoya González, vinculado al narcotráfico, repatriado de Estados Unidos y arrestado aquí por la DNCD, tiene tres nacionalidades y ocho identidades, algunas de las cuales las obtuvo en nuestro país. Y José Vladimir Fernández, que escapó de la cárcel de San Francisco de Macorís, donde cumplía 30 años por homicidio y robo, fue arrestado con documentos a nombre de Ramón del Rosario después de asesinar a otra persona. Son muestras de que  nuestro mercado de identidades funciona a todo dar.