La Asociación de Mayoristas en provisiones de Santiago (Amaprosan) sugirió al Gobierno adecuar la aplicación de la ley de Lavado de Activos y de Transparencia Patrimonial a fin de que no afecte el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas por los altos valores a pagar.
Afirmó que la propuesta de Ley de Transparencia Patrimonial, que consta de nueve únicos artículos, no permite a la pequeña y mediana empresa del país ajustarse de manera sincera a la misma.

El presidente de Amaprosan, Mario Abreu, dijo que se deben tomar muy en cuenta las realidades del sector comercial y las pyme, ya que hay un alto grado de informalidad.

Sostuvo que Amaprosan entiende que se deben considerar todos los bienes muebles e inmuebles no declarados.

“Entendemos que los valores a pagar son muy altos y, no obstante eso, está a la discreción de la DGII de acogerla o no y además esto no garantizaría la tranquilidad del sector debido a que pudiera ser objeto de revisión futura”, señaló.

Dijo que están dadas las condiciones para que en el país se haga una reforma fiscal integral acompañada de una amnistía fiscal.