Hoy 
La Asociación de Comités de Amas de Casa (Acacdisna) aseguró hoy que los miles de millones de pesos que presuntamente se roban los funcionarios y políticos corruptos, impactan negativamente en los precios de los productos de la canasta básica y en la calidad de vida del pueblo dominicano.
Al sumarse a la jornada de gestión y acampada del «Campamento Verde de la Resistencia», en el Centro de los Héroes, la Asociación presidida por Ana Vertilia Cabrera sostuvo que en República Dominicana el Estado no enfrenta ni supera los problemas generales de alimentación, salud, educación, transporte, vivienda, seguridad social, seguridad ciudadana y servicios generales, «porque la corrupción y la impunidad acaban con los recursos necesarios para atender las necesidades de la ciudadanía, y en especial de los hogares más pobres».
“Es un problema que está llevando a la República Dominicana a la desesperación, porque los recursos que deberían destinarse a la solución de problemas sociales se usan en actividades relacionadas al peculado, al vicio y al enriquecimiento de funcionarios y legisladores, mientras la gente tiene que enfrentar la carestía, el desabastecimiento, malos servicios y salarios de miseria”, declaró la entidad en un comunicado público.
Indicó que cada año la corrupción dilapida 90.000 millones de pesos en pago de nómina, clientelismo político, duplicidad de instituciones, publicidad política oficialista y comisiones que van a parar a los bolsillos de políticos y de funcionarios inescrupulosos.
«La permisibilidad y generalización del robo constituyen una práctica atractiva para la obtención de dinero que a la vez produce debilitamiento de sistema de justicia», expresó.
Desde el Campamento Verde la Acacdisna anunció su integración a todos los esfuerzos ciudadanos que reclaman el fin de la impunidad y exigen que se castigue a los alegados corruptos del caso de la multinacional Odebrecht, la empresa Sun Land, y el caso de la compra de los aviones Super Tucano.
Además, la presunta corrupción que alcanzó en la gestión pasada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el caso de las ventas de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, y de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), así como la venta de terrenos como el ocurrido en el sector Los Tres Brazos y en Boca Chica.
La entidad responsabilizó al gobierno del presidente Danilo Medina «de todos los males que afectan al pueblo por su incapacidad, inercia, complicidad e insensibilidad para atender las demandas de los hogares dominicanos».
