Las Navidades pueden ser alegres y fraternales sin sobrepasar los límites de la moderación aunque el accionar de autoridades no basta para lograrlo

Queda levantado el telón para la temporada del año en la que por tradición y por los énfasis motivacionales alcanzan apogeos los consumos de bebidas alcohólicas, sin que pueda decirse que el Estado haya erigido efectivas barreras contra los excesos de la ingesta en la población, ni dado señales de reconocer en la práctica como un problema social la recurrencia a líquidos espirituosos que la propia ley declara como perjudiciales a la salud.

Aunque las autoridades de tránsito emprendieron algunos años atrás, y a modo de ensayo, la aplicación de mediciones al contenido de sustancias destiladas en la sangre de conductores de vehículos, no se procedió a continuación a ejercer el control de manera rutinaria y a nivel nacional, aun sabiéndose que los líquidos que impactan el sistema nervioso están vinculados a los accidentes de tránsito con saldos mortales en una proporción que va del 50% al 70%. y a otras manifestaciones de violencia en la sociedad.

En breve esfuerzo por conocer la verdad sobre el mal de la conducción irresponsable, un sondeo arrojó que el 46% de los automovilistas daba positivo en las pruebas de alcoholemia.

Está tan ausente el tratamiento riguroso desde los guardianes de la ley a las deplorables consecuencias de la embriaguez, que en República Dominicana no suelen aplicarse estudios toxicológicos ni de autopsia para comprobar si los protagonistas de sucesos en el tránsito habían estado bajo los efectos del alcohol y así lograr una dimensión exacta para fines judiciales y preventivos de las consecuencias que arroja la excesiva libertad de beber.

Tampoco se fiscaliza con amplitud a miles de bares y sitios de fiesta, bajo techo o al aire libre, en los que deberían estar impedidos los consumos dañinos de líquidos y vapores de hookas en menores de edad, principalmente. Lejanas y ocasionales redadas, que no se convirtieron en objetivo regular de las autoridades, demostraron que el acceso de los no adultos a las botellas embriagantes hacía olas en el país.

La exhibición pública de entrega a los excesos alcohólicos está de ordinario prohibida en otras partes del mundo, con lo cual se reduce de manera significativa, la exposición de la niñez y la adolescencia a la exaltación de bebidas que les afectarían física y mentalmente.

Conducir con una mano al volante, y llevando en la otra algún envase del que brotan tragos que descontrolan el cerebro y la percepción de los sentidos, es algo por lo que nadie es llevado a tribunales en República Dominicana. A los que sí se llega con frecuencia, y considerable saldo de víctimas de colisiones, es al cementerio, al hospital y a condiciones de invalidez transitoria o definitiva.

NO BAJAR LA GUARDIA
La ONG Casa Abierta, de reconocidos antecedentes en los esfuerzos por contrarrestar adicciones, incluyendo la socialmente aceptadas a rones, whiskies, cervezas y demás, puso de relieve en tiempo reciente que la legislación dominicana sobre drogas «ni siquiera menciona el alcohol como sustancia peligrosa», lo cual explica la poco prioritario que representa para las autoridades desalentar, al menos, la relación excesiva de la juventud con las bebidas alcohólicas.

La entidad tocó el tema en un momento en que el país era estremecido por la muerte instantánea de cinco jóvenes de San Francisco de Macorís en un desastroso accidente de tránsito, por cuyas venas circulaba una elevada proporción de alcohol.

De su imprudente borrachera dejaron testimonio antes de perecer en unas cintas de vídeo halladas en el vehículo en que viajaban exacerbados y haciendo apología de las bebidas numerosas que portaban y de su temeridad al desplazarse con exceso de velocidad.

De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), correspondientes al año pasado, República Dominicana ocupaba el segundo lugar de los 182 países pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes por accidentes de tránsito con relación a su población, lo que lleva a recordar la demostrada relación local entre la ebriedad y las colisiones mortales.

Más de 20 mil accidentados por año llegan a los centros traumatológicos, la mayoría relacionados con el uso de motocicletas. Y el año pasado, según la única estadística oficial más o menos completa, ocurrieron 1,728 defunciones.
Las autoridades de la salud han reconocido más de una vez (aunque no se actúe en consecuencia) que las intoxicaciones alcohólicas constituyen un problema que afecta los servicios asistenciales en toda la geografía y admiten que la toxicidad suele afectar a menores de 17 años de edad mientras siguen siendo insuficientes las medidas de prevención.

COCTEL CON COVID
Problemas mentales y de conducta están asociados en el país desde el 2020 a la severidad de los confinamientos preventivos contra la circulación del virus SARS-CoV-2 que además provocaban ataques de pánico en una sociedad alarmada por elevados índices de contagios y mortalidad que luego entraron en declive.

Entrevistado por el periódico HOY para ese entonces, el psiquiatra José Miguel Gómez afirmó que existía «un desbordamiento» en las consultas por alteraciones emocionales y sicosociales que generaban urgencias psiquiátricas a nivel nacional.

A la inseguridad en materia de salud atribuyó en parte que muchas personas comenzaran a tomar alcohol en forma desproporcionada, como alternativa a sus angustias, al tiempo de registrarse patologías sociales como actos delictivos, raterismo, bandolerismo y atracos. «Todo consecuencia de la pandemia», subrayó.

La relación entre las crisis emocionales y la ingestión excesiva de alcohol con riesgos de adicción proviene -según indican estudios- de que suele recurrirse a las bebidas como «remedio» para la ansiedad y la depresión.
Desde el punto de vista médico se admite que aquellos que ingieren contenidos alcohólicos podrían sentirse sosegados a corto plazo porque los tragos actúan sobre los «neurotransmisores» pero que en general tales sustancias «empeoran la ansiedad y la depresión».

La lección que se aprende de otras naciones es que las políticas públicas pueden favorecer o desincentivar el consumo de alcohol y por tanto existe una notable capacidad preventiva al alcance de los gobiernos y de la sociedad, aunque las ingestas dañinas dependen mucho de aspectos individuales y ambientales que también pueden ser neutralizados con programas efectivos.

En general, los especialistas en manejo de conductas tienden a ver en el encarecimiento una de las puntas de lanza para desestimular el exceso y lo dicen claramente: «un aumento del precio de las bebidas alcohólicas resulta en un menor consumo, y en consecuencia, en menos daños a la salud».

Suecia y Noruega son puestos como ejemplos porque han gravado con esos fines las botellas de los destilados en función del contenido neto de alcohol, patrón seguido en República Dominicana donde es común que los licoristas se declaren excesivamente sometidos a la fiscalidad.

No obstante, en otros países del continente europeo ( y hasta en este nuestro, posiblemente) se niega que los costos de bebidas disuadan a consumidores y se pone de relieve que los embotelladores recurren a rebajas de precios que les garantizan clientes que paulatinamente se acostumbran a lo caro o se convierten en adictos, capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren.

En la lucha contra los abusos del alcohol a nivel global se apela incluso a la regulación de las promociones publicitarias para impedir que como recursos de seducción hagan demasiado blanco en la niñez y en la adolescencia, ni se recurra a imágenes y lenguajes distorsionados que le «doran la píldora» a potenciales bebedores de todas las edades ocultando la realidad de los peligros.

Incluso, a resultas de que consumir marcas reconocidas se considera ya bastante costoso, en el país cobraron espacio este año en barrios de la capital y provincias los líquidos embriagantes que llegan al mercado desde sombrías fábricas sin controles de calidad, registrándose en el primer tramo del presente año 509 intoxicaciones y no menos de 172 defunciones, según las estadísticas disponibles de la Dirección General de Epidemiología, pocas veces actualizadas.

CUANDO
FALLA LA REHABILITACIÓN

Hace dos años en declaraciones al vespertino El Nacional, el director de Casa Abierta, entidad de recuperación de adictos y de combate al consumo, Radhamés de la Rosa, dio a conocer que el «estado financiero ( ) ha obligado a disminuir la cobertura a las personas afectadas por el uso de drogas, bajando de 30 mil a nueve mil en las cuatro sedes que tenemos, en Santiago, San Francisco de Macorís y las dos de la capital”.

Se quejó por el poco apoyo que da el Estado a las instituciones que luchan contra el uso de drogas y sus efectos, tras afirmar que el Gobierno se queda con el 85% del dinero incautado en los operativos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

“De todo el dinero que se incauta, solo se destina el 15% a las 15 instituciones que trabajan con programas de prevención, y hace varios años que no nos llega nada por ese concepto”.

De la Rosa es un crítico permanente de los enfoques de ofensivas oficiales limitadas a los usos de drogas ilegales que dejan fuera las consecuencias de la ingesta excesiva de alcoholes aceptados por la ley y respaldados por la cultura, pero igual de dañinos a la sociedad y que también generan destructivas adicciones a los consumidores.

“Nunca se hace una redada en las discotecas de los sectores de clase media y alta, pero tampoco en los centros de diversión de los complejos hoteleros, para no afectar al turismo. Todos sabemos que en esos lugares es donde más drogas se consume”, expresó de la Rosa a un reportero de El Nacional.