QUITO (EFE).- La asamblea de la zona productora de crudo del noreste de Ecuador decidió ayer reanudar la huelga general en la región si dentro de dos días las empresas petroleras no han ratificado el texto original del acuerdo alcanzado el pasado jueves.

   En la reunión, a la que acudieron los prefectos y alcaldes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, líderes de la huelga iniciada el 14 de agosto que provocó la suspensión de las exportaciones petroleras de Ecuador, se aprobó un documento en el que se «ratifica el acta de compromiso» firmada el 25 de agosto en Quito.

   Ese día, las petroleras se comprometieron a asfaltar 260 kilómetros de carreteras, entregar a las dos provincias 16 puntos del 25 por ciento de su impuesto sobre la renta, potenciar la contratación de mano de obra y servicios locales y desarrollar obras sociales, y los huelguistas, por su parte, a desconvocar el paro.

   Sin embargo, según dijo hoy a EFE un portavoz de la Asamblea Biprovincial de Orellana y Sucumbíos, al día siguiente el Gobierno y las petroleras presentaron un «addendum» en el que puntualizaban la forma de cumplimiento del acuerdo, que no es aceptado por los huelguistas, que lo consideran «un engaño y una burla».

   Por este motivo, en el documento aprobado hoy, la Asamblea Biprovincial advierte que «durante las próximas 48 horas en cada provincia se reorganizará el paro», y ese es el tiempo que dan al Gobierno para retirar el «addendum» y convencer a las petroleras que acepten el texto original, antes de reanudar la huelga.

   El escrito también responsabiliza al Gobierno y las compañías petroleras de los «efectos» que pueda tener el nuevo paro en el orden público y la economía de Ecuador, cuyo principal producto de exportación es el petróleo.

   Indica, asimismo, que en las próximas horas «se hará público un manifiesto» en el que se relatará «la verdad» de los sucesos ocurridos durante el paro en la zona petrolera del noreste del país, que estuvo bajo el estado de emergencia y control militar desde el 17 al 25 de agosto.

   En las jornadas del paro, las petroleras y el Gobierno acusaron a los huelguistas de llevar a cabo desmanes en instalaciones petroleras, además de diversas acciones violentas, lo que han negado los organizadores del paro, que acusaron a las Fuerzas Armadas y la Policía de llevar a cabo una «feroz represión».

   Tanto el Gobierno como los huelguistas han apuntado que pudo haber «infiltrados» entre los segundos, que podrían haber intentado promover hechos violentos, pero no se ha identificado a personas concretas.

   Hoy mismo, en declaraciones a EFE, uno de los dirigentes del paro responsabilizó también al Partido Socialcristiano de Ecuador de este nuevo contratiempo y de tratar de evitar que las multinacionales cumplan el acuerdo alcanzado en Quito el pasado jueves.

   «Los directivos de las transnacionales fueron a Guayaquil a reunirse con el alcalde de esa ciudad, el socialcristiano Jaime Nebot, y el ex presidente León Febres Cordero, dirigente del mismo partido, que usaron de su influencia política para que no firmaran el acuerdo», dijo a EFE el representante de la asamblea del noreste.

   Según él, «los socialcristianos no quieren que las transnacionales dejen una parte apreciable de sus impuestos en la zona petrolera, pues quieren repartirse ese dinero para fortalecer su influencia política en su área».

   Durante el paro, que se inició el pasado 14 de agosto y que obligó cuatro días más tarde a paralizar la exportación petrolera, aún no reanudada, los huelguistas protestaron por la falta de atención a su región, la mayor productora de crudo y una de las más deprimidas del país, en beneficio de zonas más ricas, sobre todo de Quito y Guayaquil.

   El pasado jueves, horas antes de que se llegara al acuerdo en Quito y de que se desconvocara finalmente en Orellana y Sucumbíos el paro, el Congreso de Ecuador levantó, con la sola oposición del Partido Socialcristiano, el estado de emergencia declarado en la zona por el Gobierno.