MONTEVIDEO (AFP).- La corrupción en América Latina es un fenómeno antiguo, pero la globalización de las finanzas y de la economía, la llevaron a una nueva dimensión, en la que juegan un papel protagónico empresas transnacionales, bancos, e incluso países.

La relatora especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, Christy Mbonu, recomendó en agosto pasado a los gobiernos que impidan el uso indebido del secreto bancario, a fin de erradicar la corrupción, en un informe presentado en Ginebra, el primero de Naciones Unidas en la materia.

«Los Estados no deben esconderse bajo el secreto bancario y deben cooperar con los Estados que tratan de recuperar fondos que les han sido sustraídos», dice el documento, refiriéndose a los países cuyos bancos «han acogido fondos de origen ilícito».

La corrupción -al igual que el narcotráfico- no habría alcanzado las dimensiones que alcanza en el continente si no contara con una reglamentación bancaria que permite mover grandes sumas sin delatar su origen.

Los bancos internacionales hacen discretos esfuerzos para establecer el origen de los fondos usados para abrir una cuenta, pero no investigan la procedencia de las transferencias que reciben de instituciones situadas en los paraísos fiscales de la región, donde los controles son inexistentes.

En Panamá funciona un centro financiero internacional, con más de 100 bancos internacionales y un sistema de sociedades anónimas inscriptas a través de abogados y de terceros.

Dos años atrás se descubrió que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y su ex director de ingresos, Byron Jérez, quienes purgan sendas condenas en su país, movieron millones de dólares a través de los bancos Aliado, Dresdner, Lloyds, Bilbao y Continental, provenientes de diversas fundaciones inscritas en Panamá como sociedades anónimas.

La operación, considerada lavado de dinero por Panamá, es investigada por la fiscalía anticorrupción.

En Panamá también se investiga a la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), por el uso de partidas secretas durante su gobierno y el destino de 45 millones de dólares donados por Taiwán, que al parecer no hace un seguimiento de los cuantiosos fondos que dona al puñado de países latinoamericanos que mantiene relaciones diplomáticas con la isla.

Por su parte, el ex presidente de Costa Rica (1998-2002) Miguel Angel Rodríguez -y ex secretario de la OEA- actualmente en prisión domiciliaria acusado de haber recibido comisiones para favorecer un contrato con la firma francesa Alcatel, admitió haber recibido de Taiwán 1,4 millones de dólares, mediante una sociedad que posee en Panamá, para financiar su campaña por el cargo internacional.

El documento de Mbonu critica a los países que ofrecen a sus compañías multinacionales la posibilidad de deducir de sus impuestos las comisiones ocultas que pagan en el extranjero para hacer negocios o conseguir contratos.

En un caso de gran repercusión en su momento, la justicia argentina concluyó tras ocho años de investigación del caso IBM-Banco Nación de Argentina, que la oferta de la multinacional incluyó »sobreprecios» y que el proyecto de informatización por 250 millones de dólares le fue adjudicado en 1994 mediante el presunto pago de sobornos por 21 millones de dólares.

La organización no gubernamental Transparencia Internacional señala en su informe anual que la corrupción en las licitaciones públicas constituye el «mayor obstáculo para el desarrollo sustentable» de los países pobres y urgió a los países occidentales a obligar a sus compañías petroleras en particular, a publicar lo que pagan por comisiones, regalías u otros desembolsos a gobiernos y compañías petroleras estatales.

Investigaciones del Instituto del Banco Mundial permitieron establecer una lista negra de 180 sociedades y asociaciones a las que se prohibe su participación en los programas de cooperación, en su mayoría empresas estadounidenses, británicas, suecas, nigerianas, indonesias e indias.

La Unión Europea (UE) no dispone de legislación para sancionar a los ciudadanos europeos que cometen delitos de corrupción en el extranjero, pero puede investigar a funcionarios de las instituciones de la Unión.

Alemania y Francia, al igual que la mayoría de los restantes miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ratificaron la Convención sobre la lucha contra la corrupción, pero la implementación de la legislación es muy difícil, debido fundamentalmente a la escasa información brindada por los países donde han sido cometidos los sobornos.

La fiscalía anticorrupción española abrió recientemente una investigación para determinar si Inabensa, filial de la empresa española Abengoa, intervino en un caso de soborno que también involucra al ex presidente costarricense, Miguel Angel Rodríguez; tras hacerse público el hecho, las autoridades de Costa Rica suspendieron un contrato por 162 millones de dólares.