POR LLENNIS JIMÉNEZ G.
Los agentes de la  Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fueron facultados para  a partir de ahora detener a todos los conductores que violen la luz roja del semáforo y el propio ministerio público los instruyó a conducir a los infractores de la Ley 241 por ante el Tribunal de Tránsito.

   La AMET y los fiscalizadores de tránsito también  ordenaron a los policías detener a todo individuo  sorprendido en flagrante  manejo temerario, en el que entra el exceso de velocidad.

 La misma suerte correrán los choferes que entren a los túneles cuando se les prohiba el paso, disposición que rige para los motoristas, quienes conducen patanas y otros vehículos pesados. La coordinadora de los fiscalizadores de tránsito de Distrito Nacional, Bertha Susana Byas, confirmó que el ministerio público respalda los apresamientos por la flagrancia de las tres contravenciones señaladas. El  conductor apresado corre el riesgo de ser detenido de 12 a 48 horas.  El propietario del vehículo puede ser apresado en   tres plazos diferentes:  12, 24  ó 48 horas. Byas dijo que estos   arrestos los reconoce la ley.  Sostuvo que el  ministerio público puede solicitar al juez  el apresamiento del chofer durante el tiempo que determine, pese a que tratan de no privar a nadie de su libertad. El  Código  Procesal  Penal establece, en su  artículo 358,  que por  contravención no se aplica medida de coerción y que bajo ningún caso el arresto puede exceder de 12 horas. Pero el  mismo Código  reconoce un apresamiento de  24 horas para todas las infracciones flagrantes. El artículo 65 de la Ley 241 indica que el conductor  atolondrado, que pone en peligro la vida de las personas. Es culpable de manejo temerario y el  castigo es   una multa de RD$884, prisión de uno a  tres meses o ambas penas. Mientras que la Constitución de la República -que no se refiere a ningún  tipo de infracción- permite que los infractores sean detenidos en un plazo de 48 horas.

 Empero, magistrada   afirmó que en tránsito no se ha dado el apresamiento por asunto contravencional, a menos que la persona se encuentre impedida de salir a la calles, como ocurre con el  estado de embriaguez.