De medio de transporte ágil, práctico y  económico, las motocicletas han derivado en  principales causantes de accidentes mortales, y en medio de escape preferido  por  delincuentes y criminales. Son instrumento de trabajo para muchas personas que se ganan el sustento en el transporte de pasajeros y acarreo de mercancías, pero su posesión y conducción ha caído en un caos tal, que pocos conductores tienen  licencia y seguro, aparte de que hay un subregistro de estos vehículos de motor. En la mayoría de los casos de  daños a personas y propiedades causados por motos, la cobertura de responsabilidad civil es nula.

Por esa causa, es de gran  alivio que la Autoridad Metropolitana del Transporte haya decidido aplicar controles para que “motoconcho” y mensajeros lleven un distintivo visible, en este caso un chaleco con características especiales para el fin perseguido. Los agentes de AMET también han sido instruidos para poner más atención a las violaciones a la Ley de Tránsito que son frecuentes entre los motociclistas. Es necesario que se ponga énfasis en la organización del registro de las motocicletas que entran al país, muchas desarmadas para ser ensambladas aquí. No puede ser que el rigor en la aplicación de la Ley de Tránsito se enfoque a los demás vehículos de motor, obviando a las motocicletas. La AMET debe sentirse estimulada a actuar con la ley en la mano, con energía pero sin caer en abusos.

Contra el abuso policial

El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, acaba de comprometer su palabra al prometer, ayer, que  ordenará investigar los casos de abuso contra ciudadanos cometidos por miembros de la Policía Nacional y sancionará a los autores. La decisión es de gran trascendencia, toda vez que muchos policías cometen atropello y recurren al uso excesivo de la fuerza en los casos en que actúan, en perjuicio de ciudadanos.

 Deducimos que la promesa del jefe del Ministerio Público incluye la investigación de aquellos casos en que policías matan a civiles en lo que definen como intercambio de disparos. Determinar las verdaderas circunstancias de estos incidentes en que se pierden vidas humanas es una responsabilidad  que el Ministerio Público  ha evadido durante mucho tiempo.  Saludamos este compromiso asumido por la Procuraduría General de la República.