La sociedad dominicana atraviesa un espacio estelar en su vida institucional y de orden cívico. Empujada por el destape de la mega corrupción propiciada por una empresa brasileña de la construcción, son muchos los políticos locales salpicados malamente por esos actos dolosos en perjuicio del Estado.
Los nombres de los afectados, de amplia sonoridad e influencia, presenta una grave disyuntiva para las autoridades que deben conservar el buen nombre del gobierno y del país. Ellos deben olvidarse de sus estrechas relaciones con algunos de los señalados para proceder de acuerdo a las leyes.
Nuestro país es muy especial. Desde su mismo inicio ya se conocían de las debilidades humanas que adornaban a varios de los patriotas. Primero estuvieron empeñados en la separación con enfrentamientos durante 12 años en contra de las tropas haitianas que invadían periódicamente el suelo dominicano para tratar de recuperarlo. Luego caímos en manos de España para protegernos de las ambiciones haitianas. Pero fueron muchos los patriotas, que fieramente habían rechazado a los vecinos occidentales, que cayeron posteriormente en acciones turbias de flagrante cohecho. Incluso hubo casos de patriotas que rehusaban trasladarse de sus feudos para ir a ocupar un cargo ejecutivo en la capital dominicana. Y era que sus feudos eran muy deseables por las recaudaciones de comercio de importación y exportación por puertos muy activos.
Después de la decapitación de la dictadura de Lilís Heureaux se inició el período moderno de la voracidad de los políticos, que abiertamente corruptos, imponían sus condiciones a los gobiernos de turno para colarse en el poder. Incluso atacaban a quienes habían sido sus aliados y responsables de hacerse con el mando. Entonces destruir a quienes habían sido sustentadores de sus ambiciones. En eso Horacio Vásquez fue asiduo a esa maniobra de apartar a quienes les habían sido leales. Aquel Desiderio Arias, con sus ambiciones y exigencias desmedidas de controlar aduanas y de ferrocarriles, propició con esas apetencias personales la ocupación norteamericana de 1916.
Con la dictadura de Trujillo se instaló un gobierno estable con una continuidad asegurada. Hubo muchos intentos durante los 31 años para derrocarlo con invasiones desde el exterior y conspiraciones internas, entonces se instauró una corrupción más sofisticada en la forma de las comisiones que se derivaba de todos los negocios con el Estado. Las preferidas eran las obras de construcción que desde 1930 se iniciaron a montones para abarcar toda la geografía nacional. Solo se respetaban de esa voracidad de las comisiones obligatorias los puentes metálicos, que empresas norteamericanas de renombre construyeron en el nuevo sistema vial que se construía a marchas forzadas por las tres regiones del país. Esos contratistas norteamericanos escaparon de esa exigencia de las comisiones que para en ese tiempo no superaban el 5% del valor de la obra. Esos contratistas norteamericanos de los puentes tenían sus ataduras del contrato desde la ocupación que había finalizado en 1924 y en la cual Trujillo ya era parte preponderante de esos negocios. Desde 1930 se estimuló un trasiego del dinero de las coimas de todo negocio que se realizaba con el Gobierno. Desde la compra de frutas para los comedores del ejército hasta la construcción de autopistas y aeropuertos. Pero esa vez todavía se estilaba como máximo un 10% de comisión.
A partir de 1962 la corrupción se desbordó y no respetó ningún límite de la prudencia y de ocultar sus efectos. Una riqueza explosiva de los beneficiarios inundó todo el panorama con ostentación de la más variada naturaleza. Desde residencias, vehículos y lujosos restaurantes que ahora en el siglo XXI son cada vez más sofisticados. Era una corrupción que desde el inicio del siglo XXI se volvió más descarada e impune ante una sociedad temerosa de sacudirse de esos temores a los políticos por tener estos controlados todos los poderes. Además tenían las llaves para dispensar favores según las conveniencias. Sin vivir en una dictadura, la gente no quería complicaciones y no se atrevía a oponerse a ese estado de cosas. El país continuaba desarrollándose y aumentando el abanico de las posibilidades de enriquecerse a expensas de un Estado cada vez con más recursos. El presupuesto nacional es una señal de cómo el desarrollo ha arrastrado una corrupción adosada a cercenar los recursos públicos.
La ola de justicia tuvo que venir desde el exterior para descubrir los actos de soborno auspiciados por una empresa brasileña que ha embarrado a una buena parte de la fauna política criolla así como de otros países americanos. Las autoridades dominicanas no podrán darle más largas a la acción de la justicia, so pena de verse arrasados por una ola de indignación justiciera para de una vez por todas adecentar la vida política dominicana. 02