Por mucho que se advirtió que la reforma o rectificación fiscal afectaría el poder adquisitivo de las familias más pobres, el Gobierno siempre insistió en que la naturaleza de las reformas tendrían efectos mínimos en los segmentos de menor capacidad adquisitiva.

Y no solo ha ocurrido lo contrario a lo afirmado por el Gobierno, sino que éste, y es lo peor, no estaba ni está en capacidad de impedir que las alzas de precios se desplacen hacia las capas menos afortunadas de la población.

Cuando apenas se hablaba de reforma, los artículos de consumo masivo empezaron a aumentar de precio y el Gobierno confesó su impotencia para enfrentar las alzas. Hoy, ya vigente la reforma, la situación tiende a hacerse desesperante.

Los precios de bienes y servicios han experimentado alzas que no guardan las debidas proporciones con los efectos de la reforma, y es en la base de la pirámide social donde se está sintiendo la carga.

Por ejemplo, mientras será en agosto cuando las clases media y alta comenzarán a sentir los efectos del alza al impuesto por derecho de circulación de vehículos de motor, ya la clase baja empezó a cargar con el alza en el costo de la canasta familiar.

No ha habido, ni se vislumbra posibilidad de que haya, una voluntad oficial por controlar la especulación con los precios de los productos de la canasta familiar y los servicios.

En un Estado con autoridades preocupadas por las consecuencias de las brechas socio económicas no deberá ocurrir lo que está ocurriendo.

-II-

Algo en que deberán insistir las agrupaciones sociales más cercanas a las clases menos afortunadas es en que se ponga en vigencia el Instituto de Protección al Consumidor, que hasta ahora ha estado limitado al discurso.

Este instrumento debió ser uno de los medios que el Gobierno debió activar cuando pensó en la idea de hacer una reforma o rectificación fiscal que tendría efectos lamentables en la capacidad adquisitiva de la gente pobre.

Nadie en el Gobierno ignoraba que estas consecuencias, es decir, la especulación desmedida, vendrían desde el momento mismo en que se empezó a hablar de reforma, pero no se asumió la responsabilidad de activar medios de protección social eficaces.

Ahora se culpará a los comerciantes de especulación desmedida y otros pecados, pero sin redimir a las clases más pobres de los efectos que está soportando en su capacidad de compra.

Los programas de lucha contra la pobreza deberían tener entre sus pilares de soporte medios de protección para evitar que se abuse de las familias más pobres mediante el desplazamiento de las cargas fiscales aplicadas en las clases más altas.

La brecha socio económica se ha ensanchado más desde que se habló de reforma y el Gobierno, hasta prueba en contrario, no parece dispuesto a cumplir su propio compromiso de estrechar esa brecha.

Una cosa es el discurso y otra muy distinta y dominante son los intereses causantes de amnesia. Así estamos.