LONDRES (EFE).- Estados Unidos siguió violando los Derechos Humanos dentro y fuera de sus fronteras en 2004, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) publicado ayer.

AI destaca que centenares de personas siguieron detenidas sin cargos ni juicio en la base naval de Guantánamo (Cuba) y que se vulneraron sistemáticamente los derechos fundamentales de miles de detenidos en las operaciones militares de Afganistán e Irak.

Al finalizar 2004, más de 500 personas de unas 35 nacionalidades seguían detenidas en Guantánamo, señala Amnistía, que recuerda que casi cuatro años después de que se habilitara la base naval como centro de detención sigue sin haber estadísticas oficiales.

Amnistía estima que durante el año llegaron al menos 10 detenidos más procedentes de Afganistán y que más de 100 fueron transferidos a sus países de origen para seguir detenidos o puestos en libertad.

La organización considera una «decisión trascendental» que el Tribunal Supremo de EEUU resolviera en junio que los tribunales federales tiene jurisdicción sobre los detenidos en Guantánamo, pero denuncia que el Gobierno «trató por todos los medios» de evitar que las revisiones se convirtieran en procesos judiciales.

El informe recoge el caso de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib y recuerda que las fuerzas estadounidenses tenían unos 25 centros de detención y 17 en Irak, en los que a los detenidos «se les negaba de forma sistemática el acceso a abogados y familiares».

Además, algunos detenidos, los considerados de «alto valor» por la información que podían facilitar, «permanecían recluidos en lugares secretos», en algunos casos hasta tres años.

Amnistía recoge que se autorizaron técnicas de interrogatorio que violan la Convención de la ONU contra la Tortura y cita al presidente George W. Bush, que dijo en febrero de 2002 que, aunque los valores de EEUU «exigen tratar a los detenidos con humanidad», hay personas que «no tienen derecho legal a recibir ese trato».

Se recuerda, en este sentido, que la decisión de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos capturados en Afganistán se basó en los consejos de su asesor jurídico, Alberto Gonzales, al que Bush eligió como secretario de Justicia para su segundo mandato.

Tras conocerse el caso de Abu Ghraib, las autoridades de EEUU iniciaron varias investigaciones penales, que revelaron al menos 300 casos de presuntos abusos en Afganistán, Irak y Guantánamo, pero siguió habiendo más sombras que luces sobre estas prácticas.

Según AI, «suscitó preocupación el hecho de que la mayoría de las investigaciones las realizara el propio ejército y no pudieran llegar hasta los niveles más altos del Gobierno».

Se destaca la constitución de las comisiones militares para el enjuiciamiento de extranjeros en la «guerra contra el terrorismo» y se asegura que «no son tribunales independientes o imparciales, sino órganos ejecutivos con la facultad de imponer sentencias de muerte».

El maltrato a los detenidos continuó también en el caso de los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente en suelo de EEUU.

Amnistía recoge el testimonio de la Radio Nacional Pública, que dio a conocer denuncias de abusos contra estas personas, a las que se golpea cuando están esposadas, se acosa con perros y, en muchos casos, se deporta sin seguir el procedimiento legal pertinente.

También «se recibieron informes de malos tratos y muertes bajo custodia como consecuencia del uso de pistolas Taser de ‘nueva generación’, armas muy potentes que disparan dardos transmisores de descargas eléctricas», que mataron a más de 40 personas en 2004.

Estas armas fueron empleadas de manera generalizada por los cuerpos policiales y los funcionarios de prisiones, en la mayoría de los casos contra «hombres desarmados que no constituían al parecer una grave amenaza cuando se les aplicaron las descargas eléctricas».

La pena de muerte siguió aplicándose y el año pasado se ejecutó a 59 personas, lo que elevó a 944 el número total de presos ejecutados desde que el Tribunal Supremo levantó la moratoria en 1976.

Amnistía denuncia que EEUU siguió infringiendo el derecho internacional al imponer la pena de muerte a menores de edad y a personas con un historial de enfermedad mental grave.