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A cuatro años de la desaparición del activista de los derechos humanos Juan Almonte, ocurrida durante la gestión en la Policía del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Amnistía Internacional exigió ayer al Ministerio Público que esclarezca el caso y sancione a los responsables del hecho.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñeira y Bolívar Sánchez, este último encargado de la investigación, explicaron al representante de Amnistía, Robbin Guittard, algunos detalles del proceso que se ha llevado hasta ahora. El magistrado Sánchez dijo que se tienen pruebas que se utilizarán en su momento, y pese a la insistencia de la prensa se negó a adelantar las informaciones porque afectarían los avances alcanzados.
En tanto, Espiñeira aseguró que el compromiso del Ministerio Público y de las más altas instancias del país es que la investigación se lleve a las últimas consecuencias sin importar los involucrados. Aseguró que trabajan en la investigación para tener un caso sólido que pueda ser presentado y condenar a las personas involucradas en la desaparición ocurrida en el 2009.
