MONTEVIDEO (AFP).- Los gobiernos latinoamericanos «sacrificaron» los derechos humanos en la región en «nombre de la seguridad» en 2003, interpretando «seguridad» en términos estrechos que excluyen como amenaza otros asuntos más apremiantes como el hambre, la pobreza y la salud, indicó Amnistía Internacional en su informe 2003.

La «guerra contra el terrorismo» de Washington, que según AI se lleva a cabo con medios «indiscriminados y fuera de proporción», permeó a toda la región.

En Colombia, políticas de seguridad adoptadas en 2002 «continúan exacerbando severas crisis humanitarias y de derechos humanos», en las cuales han muerto o desaparecido «miles de civiles», o han sido secuestrados por «las fuerzas armadas, los paramilitares apoyados por el ejército o los grupos armados de oposición».

La iniciativa del gobierno de crear una milicia de soldados campesinos o civiles informantes amenaza con «arrastrar más a los civiles hacia el conflicto» interno colombiano, de más de cuatro décadas.

Razones de seguridad nacional también esgrimió Cuba para detener en marzo de 2003 a 75 disidentes internos que fueron condenados hasta a 28 años de prisión, que AI considera «prisioneros de conciencia» y pidió su liberación.

Pero aparte del «terrorismo», hay otras amenazas apremiantes a la seguridad de la región, que no han sido interpretadas apropiadamente por los gobiernos, según AI.

Unas 220 millones de personas (43% de la población) viven en la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, y una de cada cinco en extrema pobreza, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Uno de cada cinco menores de cinco años padece desnutrición crónica, la distribución de la tierra todavía no es equitativa y los precios cada vez menores de las exportaciones mantienen a la región en la pobreza.

Fueron estas condiciones de vida las que provocaron una revuelta en Bolivia que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras 80 muertos; y a inicios de 2004 el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide corrió la misma suerte.

Mientras tanto, Estados Unidos impulsa el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y «otros acuerdos similares que provocaron respuestas hostiles de muchos sectores de la sociedad civil» preocupados por su impacto en los derechos económicos, sociales, culturales, laborales, ambientales, de acceso a la salud y servicios públicos, indicó AI.

Marchas particularmente violentas contra el ALCA se registraron en República Dominicana y Estados Unidos, reprimidas con «fuerza indiscriminada por parte de la Policía», y motivaron declaraciones de estados de excepción en Perú y Ecuador.

Campesinos que se oponen a la explotación de los recursos nacionales por parte de corporaciones transnacionales arriesgaron su seguridad también en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, según el documento.

En medio de la pobreza alarmante, la delincuencia, el crimen y la inseguridad social «alcanzaron proporciones alarmantes», y tanto las sociedades rurales como urbanas «permanecieron rotas por la exclusión social y la discriminación basada en factores como clase, raza o género».

Sin embargo, AI anotó varios progresos en derechos humanos en Argentina, Brasil, México y Chile.

En Argentina AI destacó las reformas de instituciones como la Policía y la judicatura por parte del presidente Néstor Kirchner.

Además, los planes de reforma de seguridad pública y estándares de derechos humanos del presidente brasileño Luiz Inacio da Silva; y la elaboración de un estudio de derechos humanos en México junto al Alto Comisionado de DDHH de la ONU, que recomendó reformas estructurales y comprometió al gobierno a elaborar un programa nacional a esos fines.

También destacó los esfuerzos de los países de la región para procesar a los represores de las dictaduras de los ’70, en Argentina, Chile, Paraguay y México, y los trabajos de las comisiones de la verdad en Perú y Uruguay.

Centroamérica aún no se recupera de los conflictos de los ’80, y así en El Salvador la Legislatura no apoyó los esfuerzos de familiares y organizaciones en búsqueda de niños desaparecidos entre 1980-1991.

En Guatemala fueron amenazados, acosados y asesinados testigos o defensores de los derechos humanos en casos vinculados a la guerra interna (1960-96), que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos.

[b]Cuestiona limbo de talibanes[/b]

MADRID (EFE).- Amnistía Internacional (AI) crítica a EEUU en su informe anual por el «limbo legal» de más de 600 extranjeros en la base naval de Guantánamo (Cuba) y por los malos tratos sistemáticos a los presos en el sistema carcelario nacional.

El informe de AI, titulado este año «Resonaron las voces de los jamás escuchados», repasa la situación de las personas detenidas de forma indefinida en Guantánamo sin cargos ni juicio por su presunta relación con Al Qaida y las torturas a presos en Afganistán e Irak.

La organización presta especial atención a que en la base naval en la isla de Cuba «ninguno de los allí recluidos ha sido acusado o juzgado, ni ha tenido acceso a abogados, a sus familiares o a los tribunales» y recuerda que entre los detenidos hay niños de 13 años.

En este sentido, subraya que el propio sistema judicial de EEUU considera que la política de Washington «contradice los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense y plantea serios motivos de preocupación en virtud del derecho internacional».