Amnistía Internacional pidió el hoy al gobierno dominicano hallar una solución a la situación de miles de personas, en su mayoría descendientes de haitianos, que no poseen documentos ni residencia legal.

“Llamamos a que nos sentemos, dialoguemos y busquemos soluciones para que al final no haya gente que no pueda realizar sus sueños por falta de documentos de nacionalidad”, dijo a The Associated Press Robin Guittard, coordinador de campaña de Amnistía Internacional en el Caribe.

Guittard y representantes de organizaciones de derechos humanos locales entregaron en la presidencia un documento firmado por unas 54.000 personas de diferentes países en el que solicitaron que se regularice el estatus de quienes nunca han tenido documentos de identidad y de los afectados por el proceso de desnacionalización.

Las firmas fueron recolectadas a través de una campaña que puso en marcha Amnistía Internacional luego de un informe difundido en noviembre de 2015 sobre la situación de los inmigrantes e hijos de inmigrantes tras un fallo del Tribunal Constitucional de 2013.

En septiembre de ese año la Corte, en una sentencian inapelable, ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no tenían residencia legal. La medida afectaba a miles de descendientes de inmigrantes del vecino Haití.

Antes las críticas de la comunidad internacional el Congreso aprobó en 2014 una ley para revalidar la nacionalidad de quienes tuvieran acta de nacimiento dominicana y para registrar como extranjeros con posibilidad de naturalizarse a quienes nunca habían tenido documentos de identidad.

Los activistas reconocen que en los últimos años ha habido avances importantes para establecer la nacionalidad de unas 55.000 personas que ya estaban inscritas en el registro civil, pero aún queda un número no cuantificado de personas que no han recibido sus documentos.

Guittard explicó que la principal preocupación de Amnistía Internacional son las miles de personas que nunca estuvieron inscritas y permanecen en un limbo jurídico.

Según las estimaciones iniciales del gobierno unos 53.000 descendientes de inmigrantes nunca tuvieron acta de nacimiento y de ellos poco menos de 9.000 reunían los requisitos para inscribirse y eventualmente solicitar su naturalización. “Esa es nuestra preocupación mayor ahora”, insistió Guittard.

La presidencia dominicana, que ha insistido en que ha quedado solucionada la situación de los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional, no emitió declaraciones sobre la solicitud de Amnistía Internacional.