Amnistía Internacional (AI) remarcó este martes en su informe anual de 2023 que en República Dominicana siguió la discriminación hacia las personas haitianas y las dominicanas con esa ascendencia, al tiempo que persistió el racismo contra la población negra.

Según el informe de AI ‘La situación de los derechos humanos en el mundo’, la discriminación se vio acentuada entre “las mujeres y niñas, las personas LGTBI y la población migrante, solicitante de asilo y refugiada».

Especialmente preocupante fue la situación de las mujeres embarazadas o en periodo de posparto que solicitaron asistencia médica y las autoridades consideraron haitianas, ya que sufrieron discriminación e, incluso, fueron detenidas en los hospitales para proceder a su deportación.

Ante estas devoluciones de embarazadas a Haití, siete mecanismos de derechos humanos de la ONU pidieron el pasado septiembre que se separara el control migratorio del acceso a los servicios públicos.

Por otro lado, Amnistía Internacional criticó la “privación arbitraria de nacionalidad”, un decenio después de que una sentencia judicial avalara esta práctica y quitara de forma retroactiva la nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana.

En 2023, indica AI, el Gobierno siguió sin adoptar las “medidas suficientes para mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos provocadas” por ese fallo y, además, no se estaba cumpliendo la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 al respecto, por lo que decenas de miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana, siguieron sin tener una nacionalidad.

Frente a ello, la Comisión Interamericana solicitó al Ejecutivo dominicano que apoyara a esas personas apátridas para regularizar su situación.

En opinión de Amnistía Internacional, otro de los principales problemas de República Dominicana en relación a los derechos humanos es la violencia de género y sexual, en un país donde el aborto está prohibido en todos los casos.

En 2023, la ausencia de reforma del Código Penal para dar protección contra “la tortura, la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, el hecho de que los feminicidios y los crímenes de odio no estén tipificados como delitos y la inexistencia de una edad mínima para el consentimiento sexual, junto con una elevada explotación sexual y abusos a menores, constituyen para AI otras cuestiones a resolver.

Con respecto al uso excesivo de fuerza, se denuncia que no se registraron avances en la lucha contra la impunidad en situaciones de este tipo.

Por último, AI hace referencia a la confirmación de que la periodista Nuria Piera, especializada en temas de corrupción, fue atacada por primera vez en 2020 con un programa espía, una vigilancia en la que tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio del Interior y Policía negaron haber participado.