NUEVA YORK (AP) — Amnistía Internacional opinó ayer que la pacífica transferencia de poder en 11 países latinoamericanos a través de elecciones democráticas en el 2006 constituyó un “éxito notable en una región asolada por la inestabilidad política y campañas electorales violentas”. 

Amnistía (AI) dijo en su informe anual que “los observadores estimaron en general que las elecciones habían sido limpias” y que “los traspasos de poder se produjeron de forma pacífica, pese a las impugnaciones judiciales presentadas por algunos candidatos perdedores, como en el caso de México”. 

Añadió que incluso en Cuba hubo una transferencia pacífica del poder, cuando Raúl Castro asumió el gobierno en forma interina ante una enfermedad de su hermano Fidel Castro.  “Después de decenios de desatender problemas sociales y económicos muy arraigados”, señaló AI, “se observaron indicios alentadores de que algunos gobiernos latinoamericanos empezaban a ir más allá de un compromiso meramente retórico con los derechos humanos y empezaban a adoptar y aplicar políticas sociales y económicas capaces de hacer frente a las persistentes desigualdades en la región”. 

Advirtió, no obstante, que “los avances se producen con lentitud y Latinoamérica siguió siendo una de las zonas del mundo con mayores desigualdades económicas”. 

“La debilidad crónica de las instituciones… la falta de independencia del poder judicial, la impunidad y la corrupción endémica”, acotó, amenazan la democracia. 

El informe expresa “honda preocupación” por “los elevados índices de delincuencia violenta y la ausencia de seguridad pública” en la región.  Añade que la desatención de necesidades básicas hicieron que cundiese la violencia y la inseguridad en las comunidades pobres, sobre todo en los centros urbanos.  “En ciudades de Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica, las bandas juveniles y de delincuentes armados representaron una grave amenaza”, dice el informe. Agrega que también se generó una violencia descontrolada en las prisiones. AI dijo que en Colombia persistió la crisis humanitaria y “las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos guerrilleros fueron responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.