La organización Amnistía Internacional (AI) consideró hoy que el último aplazamiento del diálogo bilateral que debieron sostener ayer los gobiernos haitiano y dominicano acerca de la sentencia 168-13 demuestra la falta de disposición de las autoridades nacionales de asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, con los afectados por el fallo judicial.

«Tras la sentencia, las autoridades dominicanas, incluido el presidente Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora al manifestar su disposición a encontrar una solución adecuada que respetara los derechos humanos de las miles de personas afectadas», sin embargo, esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en una situación en la que se ven comprometidos sus derechos fundamentales», sostuvo Javier Zúñiga, asesor especial de la entidad.

Entre las prerrogativas que AI considera le han sido vulnerados a los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), citó los derechos a una identidad y a una nacionalidad.

Además, criticó que el gobierno dominicano haya prometido reiteradamente introducir el proyecto de ley de naturalización desde principios de año, por lo que cree que la demora de las autoridades gubernamentales se deba a que «no existe una voluntad política de hacerlo».

«Ya han transcurrido casi ocho meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, y las autoridades dominicanas no han llegado a una solución que respete las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos», dijo.

Agregó que la situación de las miles de personas afectadas por la sentencia, que establece que «No son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país», necesita una solución urgente.

«La República Dominicana no puede seguir posponiendo la asunción de sus responsabilidades. A las personas dominicanas de ascendencia haitiana se les está negando el acceso a sus documentos de identidad no sólo desde septiembre de 2013, sino desde hace ya más de una década, y su vida se encuentra en un limbo total», manifestó.

También señaló que le resulta preocupante que cada vez que se plantea la situación creada por la sentencia, las autoridades se refieran al fallo como una cuestión de inmigración y no como una cuestión de nacionalidad.

«Las personas afectadas no son inmigrantes que hayan llegado a la República Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su nacimiento, tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana», precisó.