Amnistía Internacional, junto a otras 25 organizaciones, demandó hoy de las autoridades dominicanas nombrar, de manera urgente y prioritaria, un Defensor del Pueblo que sea responsable de salvaguardar los derechos humanos de la población.

Esta fue la solicitud de Amnistía Internacional mediante una carta enviada, conjuntamente  con 25  organizaciones de derechos humanos locales, al Presidente de la Cámara de Diputados del país.

En la carta, las organizaciones argumentan que la creación de la oficina del Defensor del Pueblo facilitaría la denuncia e investigación de abusos a los derechos humanos en República Dominicana.

“A once años de la aprobación de la ley por la que se creó la figura institucional del Defensor del Pueblo, y después que la constitución de 2010 incluyera expresamente mención de esta institución, creemos que ya es tiempo de que se nombre a quien tendrá esta importante labor,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitaron que quien sea designado con el rol de Defensor del Pueblo sea independiente e inmune a presiones políticas, que tenga amplia trayectoria y un conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, con manejo del enfoque de género, y un compromiso demostrado con el derecho a interponer recurso de todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.

“En numerosas ocasiones y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las autoridades de la República Dominicana se comprometieron a crear la oficina del Defensor del Pueblo”, manifestaron las organizaciones.

Del mismo modo, Amnistía Internacional sección Puerto Rico, anunció hoy el lanzamiento de una petición internacional a través de su página Internet para recopilar firmas pidiendo a las autoridades de República Dominicana que se nombre un Defensor del Pueblo en el primer año de mandato del presidente electo, Danilo Medina quien  tomará posesión de su cargo el  próximo 16 de Agosto.

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La carta dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados fue firmada por: Ala Dominicana de Protección al Anciano, Amnistía Internacional, Cedail, Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), Centro Bono, Centro de Animación a la Pastoral Haitiana, Centro de Investigación para la acción femenina (CIPAF), Ciudadanos contra la Corrupción, Colectivo Mujer y Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comité Latinoamericano por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), Fundación Comunicad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI).

También la Fundación Étnica Integral (FEI), Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud (INDAJOVEN), Lucha por tus Derechos, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de la República Dominicana, Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Participación Ciudadana, Pastoral Cristiana por los Derechos Humanos, Profamilia, Servicio Jesuita a Migrantes –  República dominicana (SJM-RD), Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) y Toy Jarto.