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De acuerdo con Amnistía Internacional, las elecciones presidenciales ofrecen una «oportunidad extraordinaria» en la batalla por los derechos humanos, e instan a los candidatos a tomar públicamente postura sobre temas como el alarmante índice de homicidios policiales, la violencia contra las mujeres y los abusos contra personas migrantes.
Las recomendaciones están contenidas en una carta abierta que ha formulado la organización a los candidatos presidenciales.
Entre esas propuestas está la necesidad de hacer una reforma exhaustiva de la Policía, el nombramiento de un defensor del pueblo y la aplicación de medidas efectivas de resarcimiento en los casos de violencia de género, abusos contra migrantes, negación de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana y desalojo forzoso.
Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad extraordinaria de examinar las dificultades a que se enfrenta la República Dominicana, incluida la cuestión de cómo proteger y promover mejor los derechos humanos», expresó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
«Los derechos humanos no deben entenderse como una cuestión secundaria o aparte de los asuntos políticos y económicos cotidianos, sino como parte integrante y esencial de la sociedad dominicana», dijo.
El informe de Amnistía dice que la Policía Nacional es responsable de un alto índice de violaciones de derechos humanos que incluyen homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía suelen investigarse de manera inadecuada, por lo que muchos agentes responsables de ellas no comparecen ante la justicia.
Amnistía cree que el nuevo Presidente debe garantizar que la Procuraduría ordene a todos los fiscales investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones cometidas por la Policía, dice el informe.
Agrega que la Junta Central niega el acceso a documentos de identidad a centenares de miles de dominicanos de origen haitiano, negando el acceso a educación, salud y otros servicios básicos.
