Amnistía Internacional (AI) afirmó que la República Dominicana cuenta con miles de personas apátridas pues la aplicación de la Ley 169-14 ha sido lenta, carente de transparencia a la vez que ha resultado insuficiente para documentar a los afectados por la sentencia constitucional 168-13 sobre la nacionalidad.

Señala que el laberinto burocrático y jurídico de la República Dominicana ha convertido en apátridas a miles de personas que ahora son “ciudadanos fantasmas”.
En el informe “Sin papeles no soy nadie” se cita que muchos dominicanos de ascendencia haitiana siguen encontrando obstáculos para conseguir documentos de identidad y para que se le reconozca plenamente su nacionalidad.

Al comentar el informe, Robin Guittard advirtió que esa apatridia traerá muchos problemas sociales, incluido aumento de la criminalidad ante la gran cantidad de personas sin documentos que no podrán acceder a estudios, empleo ni servicios y buscarán las formas para sobrevivir.

En el documento se recogen testimonios de afectados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, El Seibo, Mao, Monte Plata, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Jimaní.
Guittard llamó al Gobierno admitir que tiene miles de personas apátridas y buscarle solución a su situación. “Debe reconocerse esa realidad, negarla nunca la va a desaparecer”.

Por categorías. AI reconoce que el Gobierno creó la Ley 169-14 sobre naturalización en sus esfuerzos para atenuar los efectos de la sentencia 168-13, pero sin embargo esa legislación ha creado un intrincado laberinto de categorías y procesos casi imposible de abordar para la mayoría.

Se recuerda que esa ley dividió los afectados en dos grupos: A, integrado por las personas que habían sido inscritas en el Registro Civil y que podían ser reconocidas formalmente como dominicanas, previa depuración de la Junta Central Electoral (JCE); y el grupo B para aquellos que nunca se habían inscrito y que podrían acogerse al Plan de Naturalización.

De acuerdo a AI el referido plan que duraba seis meses y expiró el primero de febrero de este año, ha sido insuficiente, ya que centenares de personas afirman que nunca recibieron información y que era imposible reunir todos los documentos que debían presentar.

El informe cita que atendiendo a la categorización de la ley existen grupos de personas que siguen siendo apátridas:

-Las personas previamente inscritas en el Registro Civil a las que se sigue negando documentos de nacionalidad que podrían servir de prueba de su identidad.

– Todas las personas cuyo nacimiento nunca ha sido inscrito en el registro, incluidas las que han solicitado acogerse al plan, ya que no podrán tener la nacionalidad dominicana hasta dos años después de recibir una respuesta positiva a su solicitud.

-Los hijos de todas las personas incluidas en ambos grupos, hasta que sus progenitores obtengan permiso para inscribirlos como dominicanos.

-Los hijos de extranjeros indocumentados que nacieron en el país entre el 18 de abril de 2007 y el 26 de enero de 2010 que han sido inscritos como extranjeros a pesar de que tienen derecho a la nacionalidad.

Medidas. AI sugiere, entre otras medidas, que se elabore un censo para identificar los apátridas; expedir documentación sin demora al grupo A; evitar registros independientes; garantizar un proceso diáfano para aquellos cuyas actas deben ser analizadas por tribunales y por supuesto respetar los derechos humanos de los afectados.

La familia Alcino

Uno de los casos que recoge el informe es el de la familia Alcino, de El Seibo. El padre y la madre son inmigrantes haitianos; llegaron a la República Dominicana en 1985 para trabajar en la industria azucarera. Sus 10 hijos nacieron en el país. A los cuatro primeros los registraron al nacer, pero los seis restantes no pudieron porque funcionarios del Registro Civil no aceptaban las “fichas” del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de los progenitores como documentos válidos. Domingo y Alexander, primero y tercero de sus hijos, nunca tuvieron problemas para conseguir documentos . A Yolanda y Margarita, segunda y cuarta hijas, registradas al nacer, les denegaron el documento entre 2007 y 2015. De los seis hijos que no pudieron registrar, tres han solicitado acogerse al Plan de Naturalización establecido en la Ley 169-14, pero todavía no han recibido respuesta. A los otros tres no los admitieron en el plan porque eran menores de edad y debían presentar documentos de la madre, que no tenía. El hijo menor, Jeison, nació en el 2010. Sus padres insisten en que es dominicano como sus hermanos, pero es el que más dificultad podría enfrentar porque la Constitución que entró en vigor tan solo dos meses antes de su nacimiento niega a los hijos de inmigrantes en situación irregular el derecho automático a la nacionalidad.