Amnistía Internacional urgió al gobierno dominicano a respetar la libertad de expresión, tras considerar una prioridad la protección de este derecho en las actuales circunstancias.

Consideró, además, que las autoridades deben cesar las medidas punitivas contra los medios, los locutores y los periodistas «cuyo único delito sea ventilar las críticas al gobierno y sus políticas».

Amnistía Internacional basa sus juicios en el cierre de programas, detención de periodistas y la intervención de medios de comunicación que forman parte de los activos de bancos quebrados.

Asimismo, sostiene que las autoridades dominicanas deben tomar las medidas necesarias para un diálogo eficaz con la población, con miras a bajar la tensión provocada por la situación económica actual.

En un informe sobre los derechos humanos en el país durante el año 2003, Amnistía Internacional destaca que a partir de la crisis económica de los bancos, ha aumentado el cuestionamiento al respeto de la libertad de expresión.

«La crisis ha contribuido a una situación en la cual la violación a la libertad de la prensa ha llegado a ser más frecuente, en la medida que las autoridades han intentado evitar que los críticos de sus políticas ventilen sus opiniones», expresa el documento.

Señala que el 15 de mayo del 2003, el Listín Diario y otros medios pasaron bajo control del gobierno, tras el apresamiento del banquero Ramón Báez Figueroa, presidente del Banínter y dueño de esos medios.

Indica que los directores y algunos periodistas del grupo Listín Diario, EL Financiero, Ultima Hora, EL Expreso y Telecentro, canal 13 dimitieron, «temiendo que las autoridades restringieran su libertad expresión, particularmente respecto a la divulgación sobre la política del gobierno, el escándalo de las actividades bancarias y sus repercusiones».

En su informe, Amnistía condena la detención temporal de periodistas y señala que varios programas fueron sacados del aire después de difundir críticas a la política del presidente Hipólito Mejía.

Entre otros casos menciona el cierre del programa «De frente al Pueblo», presentado en el canal 10 de la televisión por el periodista José Manuel Adames Sánchez; el apresamiento del periodista Marino Zapete por parte del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), después de publicar críticas sobre el manejo dado por el gobierno al caso BANINTER y el alegado uso de fondos públicos para comprar una casa para presidente Mejía.

También menciona el apresamiento de dos locutores de radio en Montecristi, Horacio Emilio Lemoine y Carlos Martínez, luego de realizar una encuesta radial en la cual se preguntó a los oyentes por quién votarían si por el presidente Mejía o por el diablo, y ganó este último.

Cita también el cierre del programa «El Poder de la Tarde», que se difundía por «Cielo FM», producido por César Medina. Cielo FM es parte del grupo de los medios de Listín Diario puesto en custodia oficial por el gobierno, tras el escándalo de BANINTER. De acuerdo con Amnistía, la crisis económica que siguió al escándalo BANINTER, en mayo de 2003, «han puesto una presión enorme en el cada vez más débil respeto a los derechos humanos en la República Dominicana».

Indica que la crisis económica ha provocado airadas manifestaciones, particularmente entre las comunidades más pobres, debido a que el gobierno ha cortado programas y subsidios mientras que los precios y la inflación han aumentado considerablemente.

Amnistía Internacional exhortó a las autoridades a tomar todas las medidas posibles para terminar las violaciones de los derechos humanos descritas en su informe y llevar los responsables a la justicia.

Amnistía entiende que la comunidad internacional, particularmente las instituciones financieras internacionales, debe asegurarse de que cualquier cooperación o ayuda financiera contribuya a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía y que el gobierno cumpla con sus obligaciones internacionales en este sentido.