Amnistía señala violaciones en AL

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LONDRES (AFP).- El respeto de los derechos humanos en América Latina sigue siendo una utopía, asegura el informe anual de Amnistía Internacional, que denunció a su vez la connivencia de gobiernos con grupos armados irregulares y la persistencia del cóctel corrupción, pobreza y tortura.

“El respeto de los derechos humanos (fundamentales) siguió siendo una utopía para muchas personas, pues los gobiernos no cumplieron su compromiso” de mantenerlos, denunció el informe 2005 de Amnistía, antes de iniciar el desglose minucioso del flagelo que aqueja a la región.

Impulsados por la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, “los gobiernos de la región incrementaron el protagonismo del ejército en las operaciones de orden público y de seguridad interior”, dijo, vinculando este aumento con una mayor inestabilidad institucional, la violencia política y bandas delictivas ligadas al narcotráfico.

En este sentido, añadió que “persistieron (en 2004) por doquier la tortura, los homicidios ilegítimos a manos de la policía y las detenciones arbitrarias”.

En Colombia, a pesar del alto de fuego y la desmovilización de algunos combatientes, las fuerzas paramilitares “siguieron perpetrando abusos generalizados”, respaldadas por el gobierno y los grupos armados de oposición, de los cuales la población civil resultó la principal víctima, señaló el texto.

A su vez, “la inestabilidad y la radicalización política” en Venezuela recrudeció en 2004 a pesar de que, después del referéndum que “no consiguió desalojar al presidente Hugo Chávez”, la violencia política en ese país pareció mitigarse por un breve lapso.

Además, asegura que “al difuminarse la distinción entre la misión del ejército y la de la policía, gobiernos como los de Brasil, Guatemala, Honduras, México y Paraguay utilizaron fuerzas militares para combatir la delincuencia y la agitación social”.

Otro de los factores preocupantes, según Amnistía, es el aumento de la delincuencia, en especial de los “secuestros (extorsivos en ciertos casos) que se extendieron por toda Latinoamérica”.

Esta tendencia de violencia se refleja en el crecimiento de las tasas de delitos, sobre todo en las “ciudades mexicanas, brasileñas y en aquellas zonas de Centroamérica en las que la pobreza se combina con la facilidad para conseguir armas y la herencia de las guerras civiles”, consideró.

En el plano de las conquistas en materia de derechos humanos en 2004 “continuaron intensificándose los esfuerzos en toda la región para combatir la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en las últimas décadas”, señaló en alusión al Plan Cóndor.

Ese nombre identifica la colaboración en la represión ilegal que realizaron en la década del 70 las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En este sentido, en Argentina, un tribunal dictó “la orden internacional de detención contra el ex presidente paraguayo Alfredo Stroessner”, acusado por su presunta participación en la violaciones de los derechos humanos cometidos durante los años setenta y ochenta.

A su vez, el tribunal Supremo de España “confirmó la competencia de la justicia española para juzgar al ex oficial de la marina argentina Adolfo Scilingo”, implicado en las torturas y desaparición de personas durante el régimen militar de 1976-1983 en Argentina.

En tanto, la Corte Suprema de Chile “levantó la inmunidad procesal del ex presidente Augusto Pinochet”, permitiendo la apertura de “diligencias contra él”, recordó el informe.

No obstante, según Amnistía, en muchos países latinoamericanos, los militares y policías acusados de perpetrar violaciones de los derechos humanos, continúan siendo juzgados en los tribunales propios de esas fuerzas de seguridad, de modo de evitar la jurisdicción de la justicia civil, menos benévola.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales básicos, el documento revela que el crecimiento económico de la región no resulta suficiente y que persisten “las desigualdades extremas en materia económica y en el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el agua y la electricidad”.