WASHINGTON. AP. La impunidad sobre la violación de los derechos humanos siguió perpetuándose en América Latina durante el 2009 pese a algunas condenas emblemáticas obtenidas contra altos funcionarios, incluyendo el ex presidente peruano Alberto Fujimori, reportó la organización Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual difundido el miércoles.
Fujimori se convirtió en el primer jefe de estado elegido democráticamente condenado por violar los derechos humanos, al recibir en abril una condena de 25 años de cárcel. También en el 2009 fueron condenados un ex general uruguayo y otro colombiano, mientras que un tribunal argentino inició juicio a 18 efectivos militares.
Susan Lee, directora para las Américas de AI, advirtió empero que el gran ausente entre estos avances es Brasil, cuyo tribunal supremo rechazó en abril un recurso que buscaba modificar la Ley de Amnistía, para que los acusados de violar derechos humanos durante la dictadura militar pudieran enfrentar juicios.
«Hay una gran contradicción, porque mientras Brasil se perfila como líder regional y global, es el que menos ha hecho para enfrentar su pasado. Es muy decepcionante», dijo Lee a The Associated Press. Pese a estos logros alcanzados en casos emblemáticos, «muchas otras investigaciones encontraron obstáculos o terminaron en el fracaso», indica el organismo. «Los obstáculos jurídicos, jurisdiccionales y políticos que contribuían a perpetuar la impunidad en la región siguieron muy importantes en 2009». Lee destacó que la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo muy grave.
Zoom
El caso de Cuba
Cincuenta y cinco «presos de conciencia» seguían recluidos en Cuba a fines de 2009, denunció ayer Amnistía Internacional en su Informe sobre los Derechos Humanos correspondiente al año pasado.
La organización afirma, en cuanto a la situación general, que las autoridades de Cuba «siguieron restringiendo severamente los derechos civiles y políticos», y se continuó encarcelando «a detractores del Gobierno», de los que muchos «denunciaron que los habían golpeado al ser detenidos». AI denuncia que las restricciones a la libertad de expresión «eran un fenómeno generalizado».
Más asesinatos
AI subraya que continuó aumentando la tasa de asesinatos en la región y acusa a los gobiernos de hacer «muy poco para impedir los abusos y enjuiciar a los responsables».
El reporte sostiene que los «migrantes irregulares» se vieron expuestos a riesgos cada vez mayores, «a medida que la delincuencia organizada continuó dejando de limitarse al narcotráfico para dedicarse también al secuestro y trata de personas, incluyendo mujeres, niñas y niños».
AI califica como «endémica» la violencia contra mujeres y niñas, y señala que en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití aumentaron los casos denunciados de violencia intrafamiliar, violación, abusos sexuales, homicidios y mutilaciones post mórtem de mujeres violadas.
Igualmente, el informe destaca que la discriminación de los pueblos indígenas «siguió teniendo un carácter estructural y sistemático» en la región, y menciona cómo los pueblos indígenas bolivianos «fueron objeto de intimidación, acoso, uso excesivo de la fuerza, cargos falsos y detenciones» a pesar de que la nueva constitución aprobada en ese país buscaba «la pluralidad de identidades indígenas». AI se autodefine como un movimiento global con sede en Londres, que trabaja en favor del respeto de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres y las niñas, que según Lee es «endémica en todos los países de la región», preocupa particularmente a Amnistía, sobre todos porque en algunos casos, como en México o Guatemala, está en aumento.